La circulación de taxis irregulares es un fenómeno que impacta a todo el país, generando inseguridad, competencia desleal y evasión fiscal. En ciudades fronterizas como Nogales, esta problemática se ha agravado en los últimos años, motivando acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. Tras el aseguramiento de 69 unidades sin permisos durante un mega operativo reciente, se anunció que se reforzarán los operativos para retirar de las calles a los vehículos que prestan el servicio de manera ilegal. La estrategia, busca frenar una actividad que afecta tanto a los usuarios como al transporte formalmente establecido.
La proliferación de taxis piratas se ha convertido en un problema de alcance nacional que afecta directamente la seguridad de los usuarios, la economía formal del transporte y el orden urbano. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México operan más de 150 mil unidades de transporte público sin concesión ni registro oficial, una situación que genera competencia desleal, evasión fiscal y riesgos para los pasajeros, especialmente en zonas fronterizas.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales anunció que los operativos para retirar de circulación a los llamados "taxis piratas" continuarán, tras el aseguramiento de 69 unidades en un mega operativo realizado la semana pasada.
A nivel federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha reiterado en diversos foros la importancia de combatir la informalidad en el transporte. En su último reporte sobre movilidad urbana (2024), la dependencia señaló que los servicios ilegales, además de representar un foco de inseguridad, impiden el desarrollo de políticas de movilidad sustentables y equitativas.
La administración municipal de Nogales aseguró que los próximos operativos contarán con el respaldo de autoridades estatales y federales, así como el uso de nuevas tecnologías para verificar placas, licencias y concesiones en tiempo real. También se contempla fortalecer la campaña de concientización dirigida a la ciudadanía para que evite utilizar estos servicios que, al carecer de regulación, no garantizan ni tarifas adecuadas ni condiciones de seguridad mínimas.