Archivos municipales, la deuda pendiente de la transparencia

Hasta hace pocos años, organizar y conservar los archivos públicos dependía en buena medida de la voluntad de cada institución. Hoy es una obligación legal para toda autoridad del país. Sin embargo, a casi siete años de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, las cifras oficiales muestran que su cumplimiento avanza de forma desigual, sobre todo en los municipios.

De los lineamientos básicos a una ley obligatoria

Según la fuente consultada, la disciplina archivística existe desde hace décadas, pero los gobiernos no le daban suficiente relevancia a la gestión de los archivos. La Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de enero de 2012, funcionaba, en esa lectura, como una serie de recomendaciones básicas. Su transformación derivó de un debate de más de 20 años impulsado por archivistas, historiadores, abogados y especialistas interesados en la verdad, la memoria y la transparencia.

El cambio llegó con la Ley General de Archivos, publicada en el DOF el 15 de junio de 2018 y en vigor desde el 15 de junio de 2019. La norma, de 123 artículos, obliga a toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes federal, estatal y municipal a organizar y conservar sus archivos, y sustituyó a la ley federal (Cámara de Diputados). La preservación documental dejó de ser un asunto discrecional para convertirse en una obligación.

Una ley con sanciones penales

En el ámbito archivístico suele decirse que con esta ley "por primera vez le han puesto dientes" a una ley de archivos, una afirmación de la fuente consultada que no se comparó con las sanciones de la ley anterior. Lo que sí consta en el texto vigente es que el artículo 121 prevé de tres a diez años de prisión y multa de 3,000 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice documentos bajo su resguardo, o saque del país patrimonio documental sin autorización del Archivo General de la Nación (SCJN, Delitos Especiales en la Legislación Federal).