Atención pública sin barreras

La inclusión comienza con el lenguaje, y en ciudades fronterizas como Nogales, avanzar hacia un servicio público realmente accesible implica reconocer y atender las necesidades de la comunidad sorda. Con este objetivo, en el marco del INCLUFEST 2025, más de 50 servidores públicos participaron en un taller de Lengua de Señas Mexicanas organizado por la Preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, con apoyo del Sistema DIF Municipal y dependencias como Seguridad Pública, Instituto Nogalense de la Mujer e Instituto Nogalense de la Juventud.

Dentro de la semana de la inclusión que se organiza a través de DIF se desarrollan actividades como el taller de lengua de señas mexicana. De acuerdo con el INEGI, en México viven 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales 713 mil presentan sordera severa o total. En Sonora, el mismo censo reporta aproximadamente 26,500 personas con discapacidad auditiva, y dentro de ese grupo, alrededor de 8,400 presentan sordera profunda. Estas cifras convierten a la comunidad sorda en uno de los sectores que más enfrentan barreras de comunicación en trámites, servicios públicos y áreas de atención ciudadana.

(Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, Tabulados de Discapacidad).

Aunque la Lengua de Señas Mexicana es un idioma completo, con gramática propia y estructuralmente distinta del español, los especialistas señalan que su nivel básico es accesible para cualquier persona, incluso sin conocimientos previos. El reto principal no es la dificultad lingüística, sino la falta de costumbre y práctica, pues pocas instituciones enseñan o utilizan LSM en contextos formales

Para los servidores públicos, dominar al menos lo fundamental permite mejorar la atención, reducir barreras y evitar situaciones donde la persona sorda dependa de un tercero que interprete por ella.

La comunidad sorda es numerosa, y las cifras lo respaldan. Que el servicio público conozca LSM no es un gesto opcional, sino un paso necesario para garantizar el derecho a la comunicación y al acceso pleno a los servicios básicos.