La regulación del trabajo sexual en México ¿Protección o riesgo?

Mientras organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomiendan que, en contextos donde se ejerza de manera voluntaria, el trabajo sexual sea reconocido como actividad laboral, en México la discusión sigue divida entre quienes impulsan su regulación como vía de protección y quienes temen que ello incremente los riesgos de trata de personas. La prostitución en México es un fenómeno complejo que combina factores sociales, económicos y de salud pública. Aunque no está tipificada como delito federal, su regulación varía entre estados y municipios, lo que genera un vacío legal que deja a miles de mujeres, hombres y personas trans en una situación de vulnerabilidad y sin derechos laborales reconocidos. De acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), en México se calcula que existen entre 500,000 y 800,000 personas en situación de prostitución, la mayoría mujeres en contextos de pobreza. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) no incluye el trabajo sexual dentro de sus categorías laborales formales, lo que mantiene invisibilizado el fenómeno en las estadísticas oficiales. Sin embargo, organizaciones como la Red Mexicana de Trabajo Sexual estiman que alrededor del 60 % de las trabajadoras sexuales son madres solteras, lo que refleja la dimensión económica y de supervivencia que empuja a muchas a ejercer esta actividad. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA, 2023) reporta que la prevalencia de VIH entre trabajadoras sexuales en México es de 4.5 %, cifra que contrasta con el promedio nacional de 0.2 %. Además, más del 70 % ha sufrido algún tipo de violencia física, sexual o verbal en el ejercicio de su actividad, según datos de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez" (2022)