Lengua de Señas Mexicana: un derecho reconocido, pero aún limitado

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es el principal medio de comunicación de la comunidad sorda en el país y está reconocida oficialmente desde 2005 como una lengua nacional. Sin embargo, a pesar de su importancia cultural y social, en México no existen cifras precisas que permitan medir cuántas personas la usan ni si su uso va en aumento. Y hay dos formas principales de aprender: de manera natural o de manera aprendida con cursos, talleres o escuelas. De acuerdo con datos del INEGI, millones de personas viven con alguna discapacidad auditiva, pero el censo no pregunta de manera directa si utilizan LSM. Esto provoca que la mayoría de los números disponibles sean solo estimaciones hechas por organizaciones civiles, especialistas y la propia comunidad sorda. Aun así, hay señales claras de mayor visibilidad. En los últimos años ha crecido la presencia de intérpretes de LSM en conferencias oficiales, noticieros, actos públicos y redes sociales. En México no hay cifras oficiales de los intérpretes de lengua de señas, pero la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas (WASLI) estima que hay 700 personas dedicadas a esta actividad, y sólo 28% tiene una certificación de competencias y un 7% tiene un contrato fijo con alguna institución. La Lengua de Señas Mexicana no debería ser aprendida únicamente por personas sordas. El aprendizaje de este idioma no es un acto de buena voluntad, sino una herramienta necesaria para asegurar el acceso a la educación, la justicia, la salud y la información de la comunidad sorda en México. La Lengua de Señas Mexicana es una lengua nacional y el principal medio de comunicación de la comunidad sorda, clave para garantizar derechos e inclusión. Aunque millones de personas tienen discapacidad auditiva, no existen cifras precisas sobre usuarios de LSM ni sobre intérpretes certificados. Pese a ello, su visibilidad ha crecido en espacios públicos y medios, mientras especialistas subrayan que aprender LSM no es opcional, sino una necesidad para asegurar acceso a educación, salud, justicia e información.