Nueva ley de telecomunicaciones: ¿Modernización o riesgo de censura?
El pasado 28 de junio, el Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con 77 votos a favor y 30 en contra, el dictamen fue respaldado por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI y el PAN votaron en contra, denunciando riesgos de censura y vigilancia excesiva.
La reforma implica una transformación profunda del marco regulatorio en telecomunicaciones, al desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crear en su lugar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la cual será encabezada por José Antonio Peña Merino. Esta nueva agencia será la responsable de regular el sector de ahora en adelante.
La propuesta surgió tras una serie de anuncios en medios nacionales donde la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, comparaba a los migrantes con delincuentes. En respuesta, el Gobierno mexicano impulsó una ley que, según sus promotores, busca fortalecer la soberanía digital y mejorar la regulación de contenidos y plataformas.
Durante la conferencia presidencial matutina, la presidenta Sheinbaum negó categóricamente que la reforma promueva la censura o el espionaje. "No hay ni censura ni espionaje, ni nada que se le parezca", afirmó. Su declaración fue respaldada por Peña Merino, quien aclaró que el artículo 183 del dictamen es idéntico al aprobado por PRI y PAN en 2014.
El titular de la nueva agencia explicó que dicho artículo obliga a los operadores a colaborar con autoridades de seguridad y justicia, pero siempre bajo mandamiento escrito, fundado y motivado por una autoridad competente. Añadió que ni la ATDT ni otra instancia podrá acceder a comunicaciones sin una orden legal previa.
A pesar de estas aclaraciones, la oposición mantiene sus reservas. Señalan que la desaparición del IFT puede representar un retroceso en materia de autonomía regulatoria y que la centralización de funciones en un nuevo organismo podría facilitar abusos por parte del Gobierno federal.
Ahora, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación en lo particular. Mientras tanto, el debate entre quienes ven una reforma necesaria y quienes alertan sobre sus riesgos apenas comienza.