¿Y si tu tierra fuera tomada sin avisarte? La lucha indígena real

15 comunidades nahuas y nuntajiiyi de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, en el sur de Veracruz, presentaron un juicio de amparo indirecto contra la instalación del gasoducto marítimo "Puerta del Sureste", proyecto energético que atraviesa la costa del Golfo de México y afecta directamente su territorio tradicional -incluyendo su maritorio, es decir, el espacio marítimo con valor cultural y comunitario.

La acción legal fue presentada ante los Juzgados de Distrito en Coatzacoalcos, y va dirigida contra actos del Ejecutivo Federal, específicamente contra la presidenta Claudia Sheinbaum, así como contra el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

También se incluyó a terceros interesados

¿Qué reclaman las comunidades?

Las y los representantes de estas comunidades denunciaron, en una conferencia de prensa realizada el pasado 25 de junio, la falta de información pública y la violación a su derecho a la libre autodeterminación, al no haber sido consultados de forma previa ni informada sobre el uso de su territorio y maritorio para el desarrollo del proyecto energético.

El juicio de amparo busca frenar la distribución de gas a través del ducto hasta que se cumplan dos condiciones fundamentales:

• Garantizar el acceso a información completa y adecuada para las comunidades afectadas.

• Aplicar el principio precautorio en materia ambiental, es decir, comprobar de manera científica que la operación del gasoducto no causará daños a los ecosistemas, ni afectará la disponibilidad de alimentos ni a especies protegidas de la región.

El 28 de junio, el Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos desechó el juicio de amparo, sin dar respuesta a fondo a las demandas presentadas

De acuerdo con las comunidades, esta decisión ignora su derecho al acceso a la justicia ambiental, así como sus formas de organización colectiva basadas en usos y costumbres, como la práctica de tomar decisiones mediante asambleas comunitarias.

Frente a esta resolución, el 7 de julio fue presentado un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado revise la actuación del Juzgado y determine si fue correcta o debe revocarse.

Las comunidades han señalado que este conflicto no es solo sobre infraestructura energética, sino sobre el derecho a decidir sobre su territorio, a proteger su medio ambiente y a que sus voces sean escuchadas en un país que reconoce su carácter pluricultural.

El gasoducto "Puerta del Sureste" es uno de los proyectos energéticos estratégicos del gobierno federal, y forma parte del nuevo corredor industrial en el sur-sureste del país

Organizaciones indígenas y ambientalistas han advertido sobre los riesgos que representa para la biodiversidad marina, las formas de vida comunitaria y la soberanía alimentaria en zonas costeras.

Con el lema "¡Nuestra lucha seguirá: es por la vida!", las comunidades involucradas reafirmaron su determinación de defender sus derechos colectivos y su territorio ante lo que consideran una amenaza a su existencia y a su entorno.