Ahora hasta 25 años de cárcel para quien extorsione ¿Será suficiente?

Entra en vigor la nueva Ley contra la Extorsión; Artículo 19 alerta por riesgo de censura a la prensa

La nueva Ley contra la Extorsión entró en vigor este sábado 29 de noviembre, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. La normativa, aprobada previamente en el Congreso de la Unión, reforma diversos ordenamientos como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes relacionadas con delincuencia organizada y extinción de dominio, con el objetivo de unificar el tipo penal de extorsión en todo el país y fortalecer su combate.

La ley establece mecanismos de coordinación entre municipios, estados y Federación, así como los criterios que permiten al Gobierno Federal atraer investigaciones. Esto ocurrirá cuando otras leyes le otorguen competencia, cuando exista una resolución internacional que obligue al Estado mexicano o cuando la Fiscalía General de la República solicite la atracción por la relevancia social o gravedad del caso. Además, cuando haya indicios de delincuencia organizada, se aplicará la legislación correspondiente.

Entre los cambios más relevantes se encuentran las nuevas sanciones, que ahora contemplan una pena base de 15 a 25 años de prisión, acompañada de multas económicas. Las penas pueden aumentar de 4 a 8 años en supuestos como imponer precios o condiciones comerciales a las víctimas, y elevarse de 7 a 17 años en casos de violencia, uso de armas, participación de servidores públicos, uso de menores de edad o afectaciones a la economía comunitaria.

¿Afectará a medios?

Sin embargo, la organización Artículo 19 advirtió que la ley contiene redacciones ambiguas que podrían derivar en interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico. Una de las agravantes menciona conductas que "obstaculicen la libertad de expresión", pero sin delimitar su alcance, lo que ?según el organismo? abre la puerta a que la norma se use como mecanismo de censura contra periodistas o medios críticos.

Artículo 19 hizo un llamado al Congreso para corregir el texto, con el fin de garantizar seguridad jurídica y evitar que una ley diseñada para combatir la extorsión termine funcionando como una "ley mordaza".