Asamblea Yoreme Mayo bloquea vía en lucha por derechos ancestrales

Representantes Yoremes Mayos reclaman promesas incumplidas del Plan de Justicia y demandan la presencia de autoridades federales, este fin de semana, integrantes de los pueblos originarios de la Asamblea de Unidad de los Yoremes Mayos bloquearon la carretera principal de Etchojoa como parte de su lucha por la restitución de territorios ancestrales y el acceso justo al agua.

Representantes de distintas comunidades de la región del Mayo participaron en esta manifestación que se suma a una serie de protestas pacíficas que llevan ya casi cuatro meses frente a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa.

La principal exigencia es que la Procuraduría Agraria Nacional atienda y reconozca legalmente a los Yoremes Mayos como grupos originarios, elemento fundamental para el desarrollo de sus comunidades, ya que algunas autoridades tradicionales han sido coptadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Denuncian que en el caso de las tierras han sido despojados de sus derechos mediante contratos mal elaborados y con ventaja para particulares, afectando su acceso a tierras y recursos hídricos.

"Sin agua no hay desarrollo", señalaron los manifestantes, quienes demandan una revisión legal parcela por parcela y polígono por polígono. Notarios públicos, abogados, autoridades ejidales y comités de vigilancia fueron parte del problema en su momento" acusaron. 

Durante el bloqueo, que se extendió poco más de una hora, se presentó el alcalde de Etchojoa, Arturo Robles Higuera, quien estableció comunicación con Martín Preciado Bracamontes, titular de la Procuraduría Agraria en la región del Mayo.

Como resultado, se acordó una reunión en la próxima asamblea prevista a las 13:00 horas de la tarde a las afueras del INPI el miércoles 17 de septiembre para agendar un posible encuentro con representantes federales, incluida la Procuraduría Agraria nacional.

Los manifestantes recordaron que esta lucha se relaciona con los compromisos asumidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2022, dentro del llamado Plan de Justicia para los Pueblos Originarios, los cuales aseguran siguen sin cumplirse.

Cabe destacar que como medida de presión previa, los indígenas cerraron con candado las oficinas del INPI, aunque accedieron a reabrirlas tras acordar mesas de diálogo con autoridades estatales y federales.