Buscan castigar con cárcel el despojo de apoyos sociales en Sonora
Obregón/Navojoa
Fecha: 20-08-2026
Proponen hasta ocho años de prisión por quitar apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad
El Congreso del Estado de Sonora avanzó en comisiones con una reforma al Código Penal para prevenir y sancionar el despojo de apoyos sociales destinados a personas adultas mayores y personas con discapacidad. La propuesta, aprobada por unanimidad el 19 de agosto de 2026, contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes, mediante engaño, manipulación o presión, obliguen a beneficiarios de programas sociales a entregar, cobrar o permitir la administración de sus recursos sin consentimiento.
Proponen hasta ocho años de cárcel
La iniciativa fue analizada y aprobada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, con una propuesta promovida por la diputada Alejandra López Noriega.
El proyecto plantea adicionar el artículo 303 Bis al Código Penal del Estado de Sonora, con el objetivo de establecer como delito el despojo de recursos provenientes de programas sociales cuando la persona beneficiaria sea un adulto mayor o una persona con discapacidad.
De aprobarse la reforma en el Pleno, quien utilice engaños, manipulación o presión para obligar a un beneficiario a entregar sus recursos, disponer de ellos, cobrarlos o permitir que otra persona administre el dinero sin su autorización podría enfrentar una pena de tres a ocho años de prisión.
La medida busca proteger particularmente los recursos depositados en tarjetas bancarias utilizadas para recibir apoyos sociales, aunque la propuesta contempla también cualquier otro mecanismo mediante el cual se entreguen estos recursos.
Buscan aumentar las penas en casos más graves
La propuesta también contempla incrementar la pena hasta en una mitad cuando se presenten determinadas circunstancias que aumenten la vulnerabilidad de la víctima.
Entre ellas se encuentra que el responsable sea un familiar directo, tutor o cuidador de la persona beneficiaria, así como que exista violencia psicológica, emocional o económica.
También se plantea una sanción mayor cuando la víctima viva sola, cuando el responsable sea una persona servidora pública o cuando el despojo de los recursos se realice de manera reiterada.
Durante la discusión de la iniciativa, la diputada López Noriega propuso ampliar la protección para incluir expresamente a personas con discapacidad, debido a que la redacción original contemplaba únicamente a las personas adultas mayores.
Esta modificación surgió a partir de una propuesta enviada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, con la finalidad de ampliar el alcance de la protección prevista en la reforma.
La reforma todavía debe pasar al Pleno
El dictamen fue aprobado por unanimidad en la comisión legislativa y ahora deberá continuar con el proceso parlamentario correspondiente.
El proyecto será turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), que determinará su inclusión en el orden del día de una próxima sesión del Pleno del Congreso.
De aprobarse posteriormente por las y los diputados, la reforma establecería un nuevo mecanismo penal para perseguir los casos en los que una persona se apropie o controle indebidamente los recursos que corresponden a beneficiarios de programas sociales.
La propuesta busca evitar que los apoyos económicos destinados a sectores vulnerables terminen en manos de terceros mediante presiones, engaños o abusos de confianza.
Por ahora, se trata de una reforma aprobada en comisiones, por lo que todavía deberá avanzar en las siguientes etapas del proceso legislativo antes de convertirse en una disposición vigente.
