La inflación en México sigue su escalada, y los alimentos se mantienen como los protagonistas de este encarecimiento. Aunque los precios del trigo y maíz bajan en los mercados internacionales, la tortilla, la carne y los productos procesados no muestran tregua: los costos al consumidor siguen aumentando, reflejo de una cadena de distribución que se encarece por la inseguridad, la logística deficiente y la especulación de intermediarios.
El sector pecuario está en crisis. Sequías, enfermedades y altos costos de transporte elevan los precios de ganado y productos cárnicos, impactando directamente la economía de las familias mexicanas. Entre el productor y el consumidor final, los márgenes son abismales, llegando hasta un 200% en algunos productos. La población paga la factura de un sistema que falla en la eficiencia y en la equidad.
Mientras tanto, frutas y hortalizas muestran variaciones extremas. Aunque en promedio bajan de precio, hay productos que suben más del 80%, dejando en evidencia la volatilidad estacional y los abusos comerciales. La oferta existe, pero el consumidor no la ve reflejada: lo que debería ser un alivio económico termina convirtiéndose en una frustración diaria.
Esta no es una inflación pasajera; es estructural. México enfrenta el riesgo de que los alimentos, básicos para la supervivencia, se vuelvan cada vez menos accesibles. La caída en los precios internacionales no basta si los intermediarios concentran ganancias y los costos logísticos siguen al alza.
La pregunta es clara: mientras productores y consumidores luchan con los precios, ¿dónde están las soluciones del gobierno para asegurar que el beneficio llegue a quien realmente lo necesita? La inflación alimentaria exige atención urgente, transparencia en la cadena de suministro y políticas que protejan al ciudadano común antes que al margen de intermediarios y distribuidores.