La crisis que atraviesan los pescadores del sur de Sonora se ha agudizado en las últimas semanas, la mala temporada de camarón, sumada al encarecimiento de los permisos de pesca y el creciente peligro por la presencia constante de tiburones en altamar, ha puesto en crisis la actividad pesquera de comunidades como Yavaros y Moroncárit.
Los testimonios de los hombres de mar revelan un panorama alarmante: "Hay días que no podemos salir a pescar porque el tiburón no se va, perdemos hasta tres días esperando que se aleje para poder trabajar", compartió uno de los pescadores alejeros, quien recolecta callo de hacha sin más protección que un brazalete antitiburón, herramienta que no todos pueden costear.
Capitanía del Puerto ha lanzado reiteradas alertas por la presencia de estos escualos, sin embargo, las restricciones actuales impiden el uso de jaulas de protección, lo que deja a muchos pescadores a merced del mar y sus riesgos.
La situación ha obligado a varios ribereños a abandonar la pesca por completo. Algunos ahora trabajan como albañiles o migran a otras bahías en busca de sustento.
A la crisis ambiental se suma el golpe económico: el costo de los permisos de pesca se ha elevado hasta en un 1,000%, lo que ha dejado fuera a decenas de pescadores.
La falta de subsidios o apoyos federales ha orillado a muchos a lanzarse al mar sin motor, remando en pangas improvisadas para tratar de capturar lo poco que queda, recientemente, uno de ellos estuvo perdido durante tres días a la deriva.
En este contexto, la reciente visita del gobernador del estado a la comunidad de Yavaros fue recibida con decepción. Ramón Valenzuela, líder pescador, lamentó que el encuentro haya sido cerrado y sin la participación directa de los verdaderos afectados: "Nos dejaron en las mismas, fue pura formalidad, no hubo soluciones."
El único anuncio que ofreció cierto alivio fue que los permisos de pesca ya no tendrán que tramitarse en Mazatlán, Sinaloa, sino en oficinas más cercanas como Huatabampo o Hermosillo, sin embargo, Valenzuela fue claro al señalar que "el problema no es el lugar del trámite, sino el costo absurdo que nos están cobrando".