“Espionaje legalizado": Gobierno podrá vigilar a usuarios desde plataformas digitales

El pasado 16 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una modificación al Código Fiscal de la Federación que, de convertirse en Ley, obligará a las plataformas digitales que operan en México a dar acceso en tiempo real y permanentemente al SAT hacia la información fiscal de los usuarios, la medida llega bajo el supuesto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el hecho ya se define por parte de expertos como un espionaje legalizado e incluso con la posibilidad de convertirse en un blanco ideal para ciberataques.

Organizaciones como Articulo 19 e Internet MX ya han alertado los riesgos, podría llevar al país a un régimen autoritario y con vigilancia masiva, por lo que rechazan la propuesta.

El fundador de la Asociación Sonora Cibersegura, José Manuel Acosta, afirma que esta reforma sin una regulación clara y proporcional podría vulnerar el derecho a la privacidad, permitiría un monitoreo constante y convertirse en un eventual riesgo para la ciberseguridad a nivel nacional.

"Implica que esta entidadd y otras autoridades manejen un mayor volumen de datos personales y financieros sensibles, una mayor concentración de información auemnta el riesgo de que el sistema sea un blanco atractivo para ciberataques", describió José Manuel Acosta, fundador de la Asociación Sonora Cibersegura.

Actualmente las plataformas digitales procesan millones de operaciones por minuto y almacenan datos que incluyen métodos de pago, historial de consumo, ubicación e identidad, un mal uso de esa información podría tener consecuencias masivas.

Apps como Spotify, Uber, Netflix, Zoom y hasta Tinder, brindarían acceso a datos personales.

La posibilidad de que el gobierno pueda ingresar a datos sin necesidad de una autorización judicial podría convertirse en un mecanismo muy peligroso, al momento la autoridad tampoco ha garantizado que esos datos estarán resguardados para evitar que el crimen organizado por ejemplo los utilice.

Mientras el gobierno argumenta que se trata de una herramienta para fortalecer la recaudación y combatir la evasión fiscal, se eleva el riesgo de una violación a los derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales.