A más de 30 días del inicio de la toma de las oficinas regionales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa, los manifestantes mantienen su postura firme: no se irán sin respuestas claras sobre la restitución de tierras y el cumplimiento del Plan de Justicia Mayo.
Desde el 14 de mayo, integrantes de comunidades indígenas de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo ocupan las instalaciones como forma de protesta ante lo que califican como incumplimientos sistemáticos del gobierno federal.
La demanda central: la devolución de más de 85 mil hectáreas de territorio ancestral.
"Esta lucha no es por gusto ni por protagonismo, es por necesidad y dignidad," expresó Miguel Ángel Parra, vocero de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme. "Las promesas se han quedado en discursos y programas asistenciales, pero nuestras tierras siguen lejos, y nuestras necesidades siguen intactas."
El movimiento denuncia que, en lugar de avanzar en el eje territorial y productivo del plan original, las autoridades han querido disfrazar la falta de cumplimiento con apoyos sociales dispersos, sin tocar los verdaderos temas de fondo: tierra, agua, cultura y desarrollo sustentable.
Además del reclamo agrario, los manifestantes exigen mejoras reales en infraestructura, salud, educación, caminos rurales, empleo y apoyo a la cultura tradicional, incluyendo recursos para los centros ceremoniales y la formación de danzantes de Paskola, Venado y Matachín.
Durante las últimas semanas, el movimiento ha crecido en organización y respaldo, en más de 100 comunidades expresaron su apoyo con mantas, lonas y comunicados, mientras las autoridades federales han guardado silencio o enviado respuestas consideradas evasivas.
Mientras las temperaturas superan los 40 grados, hombres, mujeres y jóvenes resisten bajo lonas y casas de campaña improvisadas.
La toma del INPI no tiene fecha de término, y el mensaje es claro: si no hay justicia, no habrá diálogo.