El incendio que arrasó con un comercio en pleno centro de Hermosillo no solo enlutó a 24 familias. También evidenció fallas profundas en materia de protección civil.
Veinticuatro personas murieron? y su muerte pudo evitarse.
Tras la tragedia, el Gobierno del Estado plantea rediseñar la política de protección civil. Para ello propone un incremento del 58% al presupuesto de 2026: de 92 millones ejercidos este año, a 152 millones para el próximo.
Un aumento que, aseguran, busca prevenir que una tragedia como esta vuelva a ocurrir.
Estos cambios no se quedarán solo en el nivel estatal. También deberán aplicarse en los municipios.
En Cajeme, por ejemplo, después del incendio, se anunció que la Coordinación Municipal de Protección Civil trabajaría para poder otorgar permisos de operación a negocios, un proceso que hoy es prácticamente opaco.
Conocer los requisitos para abrir un comercio y lo que exige la autoridad es complicado: cada giro depende de criterios distintos y poco claros.
El último informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado revela que 11 trabajadores de Waldos, entre ellos gerentes y jefes, ya rindieron declaración.
A ellos se suman 13 funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo, 6 del Gobierno estatal y 4 empleados de la Comisión Federal de Electricidad.
Además, la Fiscalía solicitó la comparecencia de representantes de empresas proveedoras que daban servicio a la sucursal siniestrada, para revisar instalaciones, mantenimientos y posibles fallas técnicas.
Estos testigos están siendo localizados con apoyo de fiscalías de cuatro estados.
Mientras avanzan las investigaciones y se reparte la responsabilidad, lo cierto es que el incendio de Hermosillo dejó algo claro: las omisiones en protección civil cuestan vidas? y esta vez fueron 24.