Jueza de Obregón denuncia crisis operativa en juzgado federal
La Jueza Jazmín Murillo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, lanzó un enérgico llamado público ante lo que calificó como una situación crítica en el funcionamiento del órgano jurisdiccional que encabeza. A través de un comunicado oficial, advirtió que las severas limitaciones operativas derivadas de las políticas de austeridad impuestas por el Consejo de la Judicatura están afectando de manera significativa la administración de justicia en Ciudad Obregón.
Entre los principales problemas señalados, destaca la falta de personal, ya que no se cuenta con la plantilla completa necesaria para atender de forma eficiente la carga diaria de trabajo. La jueza denunció que, a pesar de múltiples solicitudes, las áreas administrativas han rechazado autorizar las sustituciones requeridas para cubrir las vacantes, lo que ha generado retrasos en la atención de los asuntos judiciales.
Además, mencionó fallas tecnológicas graves, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, cuya inestabilidad ha obstaculizado la creación y firma de documentos judiciales. Esta dependencia tecnológica ha entorpecido la tramitación oportuna de los casos.
Otro problema identificado es el mal funcionamiento del equipo de impresión, que impide en muchos casos integrar las resoluciones judiciales en los expedientes físicos, un proceso clave para la validez y seguimiento de los casos.
La Jueza Murillo aseguró que, a pesar de las adversidades, el equipo del Juzgado Séptimo de Distrito continúa trabajando con compromiso para brindar atención a la ciudadanía, pero enfatizó la urgencia de contar con las condiciones mínimas necesarias para garantizar una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, así como el respeto a los derechos laborales del personal judicial.
Con un llamado claro y directo, la jueza insistió en que mientras no se nombre ni visibilice a quienes están al frente de los juzgados, "no existimos", y el servicio de justicia corre el riesgo de ser rebasado. La situación refleja un grave deterioro en los recursos del Poder Judicial en el estado y pone sobre la mesa la necesidad de una revisión urgente de las medidas administrativas que hoy comprometen la garantía de los derechos de los ciudadanos.
