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Más impuestos, más dudas: empresarios rechazan fideicomiso de seguridad en Sonora
Seguridad

Más impuestos, más dudas: empresarios rechazan fideicomiso de seguridad en Sonora

Por: Dulce Fajardo
Obregón/Navojoa
Fecha: 28-08-2025

Por lo menos siete empresarios en Sonora han promovido amparos contra el incremento al Impuesto Sobre Nómina aprobado este 2025 en el Congreso del Estado. La medida, presentada como una estrategia para fortalecer la seguridad pública, obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a pagar un 4% por este concepto, mientras que el resto de los patrones continúa aportando el 3%.


El recurso se destinará al recién creado Fideicomiso para la Seguridad Pública, inspirado en el modelo del FICOSEC de Chihuahua. Según Marco Antonio Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, la recaudación estimada ronda los 900 millones de pesos, que serán administrados por un comité de 24 integrantes, 20 de ellos empresarios y cuatro representantes del gobierno estatal. La Secretaría de Hacienda será la encargada de recibir el dinero.


Sin embargo, hasta ahora no se ha especificado en qué proyectos concretos se invertirá. Se espera que las primeras propuestas se presenten a finales de septiembre. Esta falta de claridad alimenta la desconfianza del sector privado, que ya ha sido testigo de incrementos previos en agencias fiscales con la promesa de mejorar el transporte público, una mejora que no ha llegado.


En términos presupuestales, la Secretaría de Seguridad Pública contará este año con 4 mil 390 millones de pesos, un 22% más que en 2024. Aun así, la inseguridad sigue siendo un lastre: de acuerdo con el INEGI, en 2023 costó 5.4 mil millones de pesos a los sonorenses, entre pérdidas directas y gastos en medidas preventivas. Para las empresas, el impacto promedio fue de 70 mil pesos anuales.


El nuevo impuesto abre un debate incómodo: mientras el gobierno asegura que el fideicomiso representa una forma de corresponsabilidad ciudadana, los empresarios lo ven como una carga adicional que no garantiza resultados. El riesgo es que se convierta en otro ejemplo de recaudación sin beneficio tangible, en un estado donde la violencia y la desconfianza hacia el uso del dinero público siguen marcando la agenda.


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