México no logró acreditar avances reales ante la CEDAW, denuncian organizaciones
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) emitieron un duro posicionamiento tras la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), llevada a cabo los días 17 y 18 de junio de 2025 en Ginebra, Suiza.
Ambas organizaciones denunciaron que el Estado mexicano fue incapaz de presentar evidencia clara, verificable y sustantiva sobre avances en justicia, participación política y económica, y eliminación de la discriminación contra mujeres y niñas. Durante la sesión, los representantes oficiales recurrieron a datos parciales, evasivas y discursos triunfalistas, mientras que la violencia de género sigue creciendo en el país.
Una de las principales preocupaciones expuestas fue la persistencia del feminicidio. A pesar de que el Estado afirmó una reducción, las cifras oficiales revelan que diariamente son asesinadas alrededor de 10 mujeres en México. Solo una cuarta parte de estos casos se investiga como feminicidio, y en entidades como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es inferior al 10%.
El Comité de la CEDAW también alertó sobre la falta de datos estadísticos actualizados, lo que impide medir el impacto real de las políticas públicas. Asimismo, señaló la debilitación de instituciones clave como el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), además de los efectos negativos de la militarización en mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.
Uno de los retrocesos más graves fue la desarticulación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), lo que pone en riesgo el mecanismo de Alerta de Violencia de Género y viola el principio de progresividad de los derechos humanos.
Durante la audiencia, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, evitó responder a preguntas clave relacionadas con los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan salud, educación, trabajo, justicia y condiciones familiares. En su lugar, destacó el eslogan oficial "Tiempo de Mujeres" sin presentar datos concretos.
Sobre el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, se denunció su limitada eficacia. Entre 2018 y 2024, fueron asesinadas 39 defensoras ?en su mayoría indígenas y comunitarias? y 4 periodistas, mientras que solo 1,472 de 2,128 solicitudes de protección fueron aceptadas.
En materia de aborto, las organizaciones señalaron obstáculos como la objeción de conciencia sin regulación, falta de personal capacitado y criminalización en al menos ocho estados. Solo en los primeros tres meses de 2025, se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en entidades donde ya ha sido despenalizado.
También se expuso la falta de presupuesto para el Programa Nacional contra la Trata 2022-2024, lo que impidió su implementación efectiva. Se exigió que el nuevo programa 2025-2030 cuente con financiamiento y contemple las recomendaciones de la sociedad civil.
Finalmente, el posicionamiento reitera que el Estado mexicano quedó a deber. No se acreditaron avances reales y el Comité cerró la evaluación sin respuestas completas, exigiendo que el Estado entregue la información faltante por escrito. Las organizaciones exigieron acciones inmediatas, entre ellas la reinstalación de la CONAVIM, homologación de códigos penales, fortalecimiento de mecanismos de protección y acceso efectivo al aborto legal.
Porque mientras falte una, los derechos siguen sin cumplirse.