Nueva ley del agua prende alarma en el campo

La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales presentada por la presidenta de México en octubre abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno federal y el sector agrícola, particularmente en regiones donde el agua es la base de la economía, como el Valle del Yaqui en Cajeme.

La iniciativa se sustenta en tres ejes: garantizar el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado y ordenar el régimen de concesiones. En términos prácticos, implica que el uso doméstico será prioridad, que el agua dejará de considerarse mercancía y que su manejo deberá regresar a manos del Estado, limitando la intervención de particulares.

Durante la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, al tecnificar los sistemas de riego, los productores que utilicen menos agua deberán devolver el excedente a Conagua para abastecer a la población. También advirtió que existen casos donde el recurso concesionado es vendido, incluso por distritos de riego, a los propios municipios. La declaración encendió alertas en el sector agrícola, donde se advierte un impacto directo en la producción.

Bloqueos carreteros por agricultores y transportistas

En paralelo, el país vivió días de bloqueos en carreteras y aduanas por parte de agricultores y transportistas que exigen precios justos para sus cosechas, mayores apoyos y un diálogo serio sobre la reforma, a la que califican como "un golpe más" para el campo mexicano.

En Cajeme, la reacción no tardó. Productores del Valle del Yaqui redactaron una propuesta que planean presentar ante la Cámara de Diputados, con la intención de que la reforma incorpore la visión de los usuarios del agua. Esto cobra especial relevancia porque el Distrito de Riego del Río Yaqui es reconocido a nivel nacional por su eficiencia en la gestión del recurso.

Mientras el gobierno insiste en que la reforma garantiza agua para las familias, los productores sostienen que podría comprometer la productividad agrícola. El debate apenas comienza.