Nuevo bloqueo carretero Yoreme en Etchojoa: crece el hartazgo indígena

Alrededor de 200 integrantes del pueblo Yoreme Mayo volvieron a tomar la carretera principal de Etchojoa este fin de semana, no fue un hecho aislado.

Durante 30 minutos, el tránsito se detuvo a la altura del dren de la 14, cerca de La Vasconia, no hubo violencia ni enfrentamientos, solo un mensaje claro: el Plan de Justicia Mayo, anunciado con bombo y platillo por el Gobierno Federal, sigue sin cumplirse en el territorio donde debería estar cambiando vidas.

"Queremos diálogo en nuestra tierra, no en oficinas lejanas, si van a hablar de justicia, que sea aquí, en suelo yoreme", afirmó el vocero de la Asamblea de Unidad Yoreme Mayo, Indalecio Alcáncar Neyoy.

La demanda no es nueva: restitución de tierras, acceso al agua, y respeto a su identidad y autonomía como pueblo originario, lo que sí es nuevo, dicen, es la capacidad de organización y resistencia que están tejiendo desde hace meses.

Desde junio mantienen una guardia permanente frente a las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa, ahora, suman bloqueos intermitentes como forma de visibilizar un conflicto que aseguran ha sido ignorado por las autoridades federales.

.Durante la jornada, no hubo acercamiento de autoridades, sin embargo, los manifestantes anunciaron que buscarán esta semana diálogo directo con el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez, y con Adolfo Regino, director del INPI, pero bajo una condición: que el diálogo sea en Etchojoa, no en Ciudad de México.

"La última vez nos invitaron a la capital, pero no tenemos ni para los pasajes, aquí estamos, esperando que vengan, que escuchen nuestras verdades en nuestro idioma y en nuestra tierra", dijeron.

También señalaron al alcalde de Etchojoa, Luis Arturo Robles Higuera, por su ausencia en el conflicto, "no es un tema federal solamente, el alcalde debe ponerse del lado de su gente, no puede seguir actuando como si esto no fuera con él", reclamaron.

El Plan de Justicia Mayo fue presentado como un proyecto para resarcir décadas de abandono, pero, según líderes comunitarios, su implementación ha sido lenta, desigual y sin participación real de las comunidades.