La Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) continúa tomada por integrantes de la Tribu Mayo, quienes exigen una revisión profunda al Plan de Justicia para el Pueblo Yoreme.
A casi una semana de iniciado el plantón, los manifestantes denuncian actos de intimidación por parte de elementos de la Policía Estatal.
Según declaraciones de Miguel Ángel Parra López, representante de la Asamblea de Unidad del Pueblo Yoreme, la presencia constante de patrullas y agentes uniformados busca intimidar a quienes se mantienen en protesta pacífica.
"Nos quieren asustar para que dejemos el movimiento, pero no nos vamos a ir hasta que haya respuestas claras sobre la restitución de nuestras tierras, estamos luchando por justicia, no por violencia", declaró.
La movilización exige la devolución de al menos 85 mil hectáreas que el pueblo mayo considera históricamente despojadas, así como la inclusión real y vinculante en la toma de decisiones sobre el llamado Plan de Justicia, anunciado por el Gobierno Federal desde 2022.
Hasta ahora, ningún funcionario federal ni estatal de alto nivel ha acudido al lugar, lo que ha intensificado la frustración de los manifestantes. "Nos mandan policías en vez de venir a hablar.
Eso es revictimizarnos como pueblos indígenas", reprochó el vocero.
Los inconformes señalan que la toma del INPI no será levantada hasta que se instale una mesa de diálogo seria y con compromisos verificables. También reiteraron su disposición al diálogo, pero no bajo presión ni vigilancia.
La protesta yoreme no solo representa una exigencia, también pone en evidencia las deudas estructurales de, estado mexicano con los pueblos originarios: restitución de tierras, acceso al agua, servicios básicos y participación en la construcción de políticas públicas que los afectan directamente.