Seis días de resistencia y silencio: sigue tomado INPI Etchojoa
Las puertas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa, siguen cerradas, no por orden oficial, sino por decisión de quienes claman por dignidad: integrantes de la Asamblea de Unidad del Pueblo Yoreme, que desde hace seis días mantienen tomadas las instalaciones en exigencia de respuestas que no llegan.
La protesta, respaldada por diversas comunidades del Valle del Mayo, no es nueva, pero esta vez tiene el peso acumulado de años de abandono, promesas incumplidas y una creciente desesperanza.
Reclaman lo más básico: tierra, agua, justicia y presencia del Estado.
Los manifestantes no olvidan, el 22 de mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la región y prometió justicia agraria, habló de devolver tierras, de respetar a los pueblos originarios.
Hoy, afirman los yoremes, siguen viviendo sin servicios básicos, bajo amenazas de despojo y con la constante sombra de la represión.
"El gobernador Alfonso Durazo debería estar aquí, no mandarnos policías. No somos ciudadanos de segunda", reclamó Luz Elena Moroyoqui Acuña, integrante del Consejo Supremo Indígena, al ver el cerco policiaco que resguarda el edificio ocupado.
A pesar del resguardo de seguridad que rodea el INPI, ningún funcionario estatal o federal de alto nivel se ha presentado para dialogar.
Mientras tanto, la Asamblea de Unidad del Pueblo Yoreme mantiene su postura: no levantarán el plantón hasta tener diálogo directo, acuerdos firmes y un compromiso claro de las autoridades.
Más allá de la acción de protesta, los yoremes buscan visibilidad, respeto y la garantía de que su voz será escuchada en un país que, aseguran, aún no les reconoce plenamente como sujetos de derecho.
La toma del INPI en Etchojoa, es símbolo de una herida abierta: la de los pueblos indígenas que sobreviven a la indiferencia gubernamental y que, en pleno siglo XXI, siguen luchando por lo que ya debería ser suyo por justicia y no por resistencia.
