En la región del sur de Sonora, particularmente en los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Navojoa y Benito Juárez, los basurones municipales se han convertido en una amenaza directa para la salud de la población..
Pese a las advertencias de ecologistas y los antecedentes legales, las autoridades locales continúan ignorando normas ambientales básicas, provocando condiciones insalubres, contaminación y riesgos sanitarios para más de 320 mil habitantes.
En 2016, el ecologista Máximo Ibarra interpuso una denuncia formal contra los cuatro ayuntamientos mencionados, lo que derivó en la clausura temporal de los basurones y una sanción económica de 120 mil pesos a cada uno. Sin embargo, a casi una década de esa acción, las prácticas ilegales continúan.
La Ley Orgánica Municipal establece que los basurones deben ubicarse a más de dos kilómetros de zonas habitadas. Aun así: Etchojoa tiene su basurón a solo 500 metros de viviendas. en Huatabampo, está ubicado a 1 kilómetro de distancia. en Benito Juárez, el basurón es visible desde la carretera, lo cual también incumple normativas.
"Estos municipios no solo violan la ley, están afectando directamente la salud pública", advierte Ibarra.
Los basurones se incendian entre dos y tres veces cada año, generando nubes densas de humo tóxico que se esparcen sobre colonias enteras.
Las autoridades atribuyen los incendios al llamado "efecto lupa", pero para los vecinos, es negligencia.
Además, se han encontrado residuos peligrosos como envases de plaguicidas y baterías, que representan un riesgo mayor al ser altamente contaminantes.
María Concepción Lucero, vecina de la colonia El Rastro en Etchojoa, ha vivido toda su vida a escasos 500 metros del basurón.
"Desde que tengo memoria, ese basurero ha estado ahí. Cuando cambia el viento, los olores entran a nuestras casas, y cuando se quema, el humo es tan fuerte que no podemos salir", relata con impotencia.
Aunque los ayuntamientos argumentan falta de recursos económicos para construir rellenos sanitarios, los expertos insisten en que se trata más de una falta de voluntad política y de gestión.
"No hay interés por la salud de los ciudadanos. Las leyes de salud y medio ambiente no se están respetando", denunció Ibarra.
Los basurones del sur de Sonora son ilegales, tóxicos y persistentes. Representan un riesgo de salud pública que las autoridades no pueden seguir ignorando.
La población sigue expuesta, mientras los residuos aumentan, el aire se contamina y la impunidad se mantiene.