Violadores de la ley desde el poder: gobierno también incumple en Sonora

Violaciones desde el poder

Las violaciones a la Ley no siempre provienen de la ciudadanía; en muchos casos nacen desde el propio gobierno. En Sonora, ejemplos hay varios, incumplimiento de resoluciones judiciales y deberes legales por parte de servidores públicos y de los mismos ayuntamientos como autoridad.

Navojoa: un caso claro de desacato

Navojoa es un claro ejemplo de esto, Los regidores del actual ayuntamiento de Navojoa han sido multados por la secretaría de hacienda, el motivo, desacatar una orden judicial. el monto de la multa, 174 mil 232 pesos, esto nace ante la negativa gubernamental de reinstalar a trabajadores despedidos en julio de 2024, algunos regidores ni enterados estaban del requerimiento.

Pero pese a la multa, los 82 trabajadores sindicalizados previamente despedidos no han sido reinstalados, el Ayuntamiento sigue incumpliendo la decisión.

Tres exfuncionarios estatales vinculados a proceso

Pero aunado a esto, durante el 2025, al menos tres funcionarios de anteriores gobiernos estatales han sido vinculados a proceso por violar la Ley, un escenario que se suma a las más de 150 carpetas de investigación que desde 2023 mantiene abiertas la fiscalía general del Estado por posibles delitos cometidos desde el poder.

Se trata de Raúl Navarro Gallegos, José Víctor Guerrero González y Francisco Alberto Curiel Montiel, ex funcionarios en dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura, Hacienda y el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública...Imputados por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Fondos desviados y señales de corrupción

Según la Auditoría Superior de la Federación hay casi 6 mil millones de pesos de fondos federales destinados para programas que fueron blanco de desvíos y malos manejos en las últimas dos décadas, se han identificado 455 actos de corrupción o de irregularidades graves.

En lo que va del 2025, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora ha inhabilitado a 92 funcionarios o servidores del Gobierno del Estado por diferentes investigaciones en su contra, desde faltas administrativas, daños patrimoniales, mal manejo de recursos y otros delitos.

Los casos revelan una terrible y dolorosa realidad; quienes deben hacer cumplir la Ley son los primeros en ignorarla, el daño no es solo institucional, sino social, la exigencia ciudadana es clara: que la Ley se cumpla sin excepciones, incluso desde el poder.