21 años después, Lydia Cacho vuelve a poner a Mario Marín frente a su acusación

En 2005, una investigación periodística sobre explotación sexual infantil puso a Lydia Cacho en el centro de una historia que terminó exhibiendo las relaciones entre empresarios, autoridades y poder político. La periodista fue detenida en Cancún, trasladada a Puebla y denunció haber sido torturada durante el trayecto. Más de dos décadas después, este jueves 29 de octubre, volvió a enfrentar al entonces gobernador poblano, Mario Marín Torres, ahora desde dos pantallas y con una exigencia: que reciba la pena máxima por el delito de tortura.

El careo se realizó por videoconferencia. Cacho participó de manera remota, mientras Marín se conectó desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, no fue un encuentro para reconstruir una historia desconocida: fue una confrontación sobre una denuncia que ha atravesado gobiernos, tribunales y años de litigio sin llegar todavía a una resolución definitiva.

El libro que desató una tormenta política

La historia comenzó con la publicación de Los demonios del Edén, investigación en la que Cacho documentó una red de explotación sexual infantil y señaló presuntos vínculos entre empresarios y personajes influyentes.

En diciembre de 2005, la periodista fue detenida en Cancún por agentes de Puebla y trasladada por carretera hasta esta entidad, durante el recorrido denunció amenazas, golpes y tortura psicológica. El caso escaló cuando se difundió una conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif, en la que ambos hablaban sobre la detención de la comunicadora, de ahí surgió el apodo de "gober precioso", que marcó para siempre la imagen pública del entonces mandatario.

Durante el careo de este jueves, Cacho con valor y seguridad sostuvo su acusación sin recurrir a apuntes y le dijo directamente a Marín: "Yo no necesito leer nada para decirle que usted es responsable de haberme torturado". También exigió la sanción máxima y cuestionó al exgobernador por haber huido cuando avanzaron las acusaciones en su contra.

Marín, por su parte, negó haber ordenado las agresiones. Su defensa sostuvo que no existen elementos suficientes para demostrar que dio instrucciones directas para detener y torturar a la periodista.

Dos décadas después, la justicia aún tiene la última palabra

El proceso entra ahora en una etapa de valoración de los alegatos finales, la jueza dispone de un plazo de hasta 60 días para analizar el expediente, integrado por 66 tomos, y emitir una resolución sobre la responsabilidad penal del exgobernador.

La exigencia de Cacho es que se imponga la pena máxima por tortura. La defensa de Marín busca su absolución. Será la autoridad judicial la que determine si las pruebas acreditan el delito y la responsabilidad del acusado.

En 2005, la detención de una periodista exhibió el alcance que podía tener el poder político sobre quienes investigaban a personajes influyentes. En 2026, el caso todavía espera una resolución judicial. Para Lydia Cacho, el tiempo transcurrido no ha cambiado el señalamiento; ahora falta que los tribunales decidan.