Aranceles recíprocos impuestos por Trump quedan bajo revisión judicial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido revisar con rapidez la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero, un tema que el propio mandatario considera clave para mantener su política comercial y financiar su programa económico

La corte anunció que escuchará los argumentos de las partes a principios de noviembre, tras la apelación presentada por la Administración federal después de que un tribunal de apelaciones determinara el 29 de agosto que Trump había excedido su autoridad al aplicar una ley de emergencia para establecer los gravámenes.

La decisión de fijar plazos tan próximos refleja la intención del Supremo de resolver con rapidez un caso que tiene profundas implicaciones para el comercio global y la estabilidad fiscal estadounidense.

La corte de apelaciones del Circuito Federal había concluido que Trump no contaba con derecho para imponer los llamados "aranceles recíprocos", que oscilan entre un 34 % para China y un 10 % de base, ni el 25 % a ciertos productos de Canadá, China y México, impuestos bajo el argumento de frenar la entrada de fentanilo al país.

Este fallo ratificaba un dictamen previo del Tribunal Internacional de Comercio, que había determinado en mayo, tras la denuncia de importadores afectados, que no existía una emergencia nacional que justificara el uso de la norma invocada por el Gobierno para gravar productos extranjeros

Impacto económico y político

El Ejecutivo republicano ha contado con los ingresos generados por los aranceles para respaldar su ambicioso plan de reforma presupuestaria y fiscal, que incluyó grandes recortes de impuestos aprobados por el Congreso en julio.

Una derrota en el Supremo obligaría a cancelar los aranceles y reembolsar los fondos recaudados, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal de EE.UU.

Por el contrario, una victoria reforzaría el poder presidencial de Trump y podría alentar el uso de la ley de emergencia para presionar a otros socios comerciales en el futuro.