El incremento al salario mínimo proyectado por el gobierno federal para 2026 vuelve a colocar en la conversación pública uno de los debates económicos más persistentes en México: ¿hasta qué punto este tipo de ajustes contribuyen realmente a mejorar el nivel de vida de la población? Aunque para muchos trabajadores representa un avance necesario, especialistas advierten que su impacto podría ser más limitado de lo que se piensa si no se atienden otros problemas estructurales.

De acuerdo con académicos y analistas, uno de los principales obstáculos es la amplia brecha entre el trabajo formal y el informal. A pesar de que el aumento del salario mínimo se plantea como una medida para apoyar a los sectores más vulnerables, en la práctica una parte considerable de quienes integran este grupo no recibe un salario regulado. La razón es simple pero contundente: gran parte de la población económicamente activa se desempeña en la informalidad, sin prestaciones, sin seguridad social y fuera del marco legal que garantiza derechos laborales.
El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, expuso que, mientras la informalidad siga representando un porcentaje tan elevado del mercado laboral, los beneficios del incremento salarial no alcanzarán a quienes más lo necesitan.

"El gran problema que tiene México es que tenemos una masa de empleados muy grande que no tiene derecho a un trabajo formal, es decir, no tiene seguridad social, no se rige por las leyes laborales y eso los pone en un problema muy grande, si queremos mejorar las condiciones de vida de la población necesitamos crear trabajos dignos y bien remunerados y eso sólo se logra cuando hay seguridad económica y seguridad jurídica" Alejandro Guevara Sanginés/ Rector Ibero Puebla
Las palabras del rector ponen en perspectiva la complejidad del panorama. En México, millones de personas trabajan en condiciones que no les permiten acceder a salarios regulados, créditos de vivienda, servicios médicos o estabilidad laboral. De acuerdo con expertos en políticas públicas, este círculo vicioso se profundiza debido a la falta de incentivos para formalizarse, los bajos niveles de productividad en ciertos sectores y las dificultades que enfrentan pequeñas y medianas empresas para cumplir con todas las obligaciones fiscales y laborales.
De esta forma, el aumento previsto para 2026, aunque positivo en términos simbólicos y como parte de una política de recuperación salarial, podría tener un alcance limitado mientras persistan los altos niveles de informalidad laboral. La discusión, concluyen los especialistas, no debe centrarse únicamente en cuánto se incrementa el salario mínimo, sino en cómo garantizar que todos los trabajadores, sin excepción, tengan acceso a un empleo digno que les permita mejorar su calidad de vida.
