Buscan impedir que delincuentes se cuelen en las candidaturas de Puebla para 2027
Los aspirantes a las 217 alcaldías y las 41 diputaciones locales de Puebla estarán bajo un mecanismo de revisión de riesgos para evitar que personas vinculadas con actividades delictivas lleguen a las boletas electorales de 2027, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un convenio de colaboración con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero.
El acuerdo será firmado este viernes 6 de noviembre de 2026 e involucra a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La finalidad es intercambiar información que permita evaluar la integridad y los posibles riesgos relacionados con quienes busquen una candidatura, tanto por partidos políticos como por la vía independiente.

¿Cómo revisarán a los aspirantes?
De acuerdo con información compartida por el INE, los partidos políticos y las personas interesadas en competir mediante una candidatura independiente podrán entregar voluntariamente los listados de sus aspirantes, siempre que cuenten con el consentimiento informado de cada persona.
Posteriormente, el organismo electoral remitirá las solicitudes a las instituciones correspondientes, que realizarán sus evaluaciones con base en sus propias metodologías y criterios para determinar si existe algún riesgo razonable.
El propósito es detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada u otras actividades criminales antes de que los aspirantes avancen en el proceso electoral.
Sin embargo, el comunicado no establece que una revisión con resultados de riesgo implique automáticamente la cancelación de una candidatura. Tampoco detalla qué consecuencias tendría cada posible señalamiento ni los mecanismos para controvertir los resultados.

Puebla renovará alcaldías y Congreso en 2027
El acuerdo cobra relevancia para Puebla porque el próximo proceso electoral contempla la renovación de los 217 ayuntamientos y las 41 diputaciones del Congreso local, además, los ciudadanos votarán por las diputaciones federales que corresponden al estado en la Cámara de Diputados.
La elección está prevista para el 6 de junio de 2027, por lo que la revisión de los perfiles de quienes busquen competir se coloca como uno de los temas de cara a la contienda.
El reto será que este mecanismo permita detectar riesgos sin vulnerar los derechos político-electorales de quienes aspiren a un cargo público.