Detienen a juez Enrique Romero Razo por presuntos delitos contra la justicia

Detienen al juez Enrique Romero Razo tras polémica por caso Forcelledo

El juez Enrique Romero Razo fue detenido este martes 20 de octubre en Puebla capital, durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia El Ángel, la aprehensión fue reportada con base en fuentes de la Fiscalía General del Estado ; entre los presuntos delitos que se le atribuyen figuran los relacionados con la administración de justicia y la evasión de presos.

La detención ocurre meses después de que su actuación en el caso de Manuel Forcelledo Nader generara cuestionamientos, luego de que una resolución judicial abriera la posibilidad de modificar las medidas cautelares del hombre sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert.

El antecedente: el caso de Karla López Albert

En mayo de 2026, una audiencia derivó en el cambio de la medida cautelar de Forcelledo Nader, quien podía abandonar la prisión para quedar sujeto a firma periódica. La decisión provocó controversia debido a las presuntas irregularidades en el procedimiento y a la ausencia del juez titular durante la audiencia.

Forcelledo fue sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido en 2014. Tras conocerse el cambio de medida cautelar, el Consejo de la Judicatura intervino y la resolución fue revocada, por lo que el sentenciado permaneció en prisión. Además, se inició una investigación sobre la actuación del personal judicial involucrado. 

Bajo investigación por presuntos delitos

La detención de Romero Razo representa un nuevo capítulo en las investigaciones relacionadas con su desempeño judicial. De acuerdo con los reportes difundidos este martes, los señalamientos incluyen presuntos delitos contra la procuración y administración de justicia, así como evasión de presos. Otros reportes también mencionan cohecho, aunque será necesario conocer la información oficial para precisar los delitos formalmente imputados. .

La detención no constituye por sí misma una sentencia condenatoria. Las autoridades deberán presentar los elementos correspondientes y será el proceso judicial el que determine si existe responsabilidad penal.