¡Golpe a Lalo Rivera! Lo inhabilitan 15 años y le imponen multa de 15 millones
El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recibió una resolución que contempla 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos municipales y una multa de 15 millones de pesos, por un presunto abuso de funciones durante su administración, la misma determinación alcanzaría a Bernardo Arrubarrena García, exsecretario de Administración y Tecnologías de la Información, con una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 10 millones 500 mil pesos.
La resolución representa un nuevo frente para el exedil panista, quien podría ver comprometidas sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027. Sin embargo, el procedimiento todavía no concluye: Rivera sostiene que la determinación no es definitiva y anunció que la impugnará.

Lalo Rivera responde: acusa ataque político
A través de sus redes sociales, el exalcalde rechazó los señalamientos y aseguró que su administración siempre se condujo conforme a la legalidad, sostuvo que se le atribuye un supuesto abuso de funciones que, desde su perspectiva, no fue acreditado y subrayó que no se le acusa de un mal manejo de recursos públicos.
Rivera también cuestionó que la resolución llegue precisamente cuando comienza a perfilarse el proceso electoral de 2027, por lo que consideró legítimo preguntarse si existe una motivación política detrás de la determinación.
En su mensaje afirmó que el caso forma parte de un ataque sistemático en su contra y adelantó que defenderá su nombre, honor y derechos ante las instancias correspondientes.

Una disputa que llega en plena antesala electoral
El señalamiento aparece cuando Rivera continúa siendo uno de los perfiles relevantes del PAN en Puebla, aunque se le ha mencionado como posible aspirante a la alcaldía capitalina en 2027, hasta finales de octubre no había formalizado su registro en el proceso interno del partido.
Además, el expediente tiene antecedentes en la Contraloría Municipal, que previamente había iniciado procedimientos relacionados con presuntas irregularidades durante su administración. La nueva resolución coloca nuevamente su gestión bajo cuestionamiento y abre una disputa jurídica cuyo desenlace todavía está pendiente.
Por ahora, el siguiente capítulo dependerá de la impugnación anunciada por Rivera y de la resolución que emitan las instancias correspondientes.