LA “CAJA CHICA” DE LA SEDENA: UNA MONTAÑA DE DINERO SIN RASTRO

La caja multimillonaria de la Sedena: 229 mil millones de pesos sin rastro documental

Entre 2019 y 2025, el Fideicomiso para Administración y Pago de Equipo Militar manejó al menos 229 mil millones de pesos. En términos presupuestarios, equivale a alrededor del 2.25% del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026.

Pero el dato más relevante no está en el tamaño de la bolsa, sino en lo que ocurrió cuando Meganoticias pidió conocer su trazabilidad.

La propia Sedena respondió que, después de realizar una "búsqueda exhaustiva, razonable y con criterio amplio", no encontró evidencia documental suficiente para explicar cómo se manejaron esos recursos. Tampoco localizó los estados de cuenta del fideicomiso ni los movimientos de pago a proveedores.

Es decir: el problema no es únicamente cuánto dinero pasó por ese mecanismo, sino cuánto puede reconstruirse documentalmente sobre su recorrido.

De una reserva para compras militares a una enorme bolsa financiera

El fideicomiso fue creado en 2007 con un propósito concreto: permitir a la Sedena atender compras, refacciones y mantenimiento de equipo militar sin quedar limitada por los tiempos del ejercicio presupuestario anual.

La Secretaría de Hacienda figura como fideicomitante; BanJército, como fiduciario; y la Sedena, como responsable y coordinadora.

Su dimensión cambió sustancialmente durante los años siguientes.

En 2019 tenía 25 mil millones de pesos.

Para 2021 había alcanzado 67 mil millones.

Después disminuyó en 2022 y 2023 por los gastos realizados, pero en 2024 volvió a crecer hasta 66 mil millones de pesos.

El crecimiento coincidió con una ampliación considerable de las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas.

"Conforme más funciones se están habilitando para las Fuerzas Armadas, el correlativo es que este fideicomiso ha ido aumentando sus montos", explica Gerardo Álvarez, analista de políticas públicas de México Unido Contra la Delincuencia.

Para septiembre de 2025, el fideicomiso tenía 57 mil 350 millones de pesos, lo que lo colocaba como el segundo fideicomiso público más grande del país, sólo detrás del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

La contradicción con el discurso de Morena

El tamaño alcanzado por este mecanismo adquiere otra dimensión cuando se contrasta con la política que el propio Gobierno de Morena siguió frente a los fideicomisos.

En 2020 fueron eliminados 109 fideicomisos, bajo el argumento de combatir mecanismos opacos y evitar que recursos públicos quedaran fuera de los controles ordinarios.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo planteó así:

"Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia".

Los fideicomisos del Ejército, sin embargo, no desaparecieron.

La Sedena tiene actualmente cinco fideicomisos y, en 2024, creó además el Fideicomiso de Administración y Pago, que en menos de dos años acumuló casi 15 mil millones de pesos, de acuerdo con la investigación.

La diferencia es difícil de ignorar: mientras el Gobierno desmantelaba decenas de fideicomisos por razones de transparencia, uno de los mecanismos financieros de la Defensa Nacional no sólo permanecía vigente, sino que aumentaba su escala.

El dinero terminó financiando grandes obras

El fideicomiso fue concebido para atender necesidades de equipo militar. Sin embargo, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación muestran que durante el periodo analizado también fue utilizado para financiar infraestructura.

Entre 2019 y 2025 se gastaron a través de este mecanismo al menos 119 mil millones de pesos.

Entre las operaciones señaladas están las relacionadas con dos de los proyectos emblemáticos del Gobierno de López Obrador:

Más de 37 mil millones de pesos para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Y más de 26 mil millones de pesos para el Aeropuerto Internacional de Tulum entre 2021 y 2023.

La dimensión del problema no radica necesariamente en que el Ejército participe en infraestructura. El punto crítico está en las reglas bajo las cuales esos recursos se ejercen y en la posibilidad real de fiscalizarlos.

Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que la legislación vigente coloca determinadas obras de infraestructura estratégica fuera de la aplicación ordinaria de la Ley de Obras Públicas.

"Tal como está hoy vigente la disposición en la Ley de Obras Públicas, esta construcción de obra de infraestructura estratégica está fuera de la aplicación de la ley", afirma.

Eso implica que no necesariamente están sujetas a los mismos principios de competencia que otras obras públicas, incluida la licitación pública.

Lo que encontró la Auditoría

La falta de documentación que ahora reconoce la Sedena no aparece aislada dentro del expediente.

La Auditoría Superior de la Federación ha realizado revisiones parciales y detectado irregularidades en distintos ejercicios.

En 2019, advirtió un crecimiento abrupto de los recursos y problemas de transparencia en el registro contable de los intereses generados.

En 2022, señaló que el fideicomiso se había apartado de su finalidad original para financiar obra pública, incluido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También identificó adjudicaciones directas sin estudios de mercado y contratos incumplidos sin aplicación de multas.

En 2023, detectó otro mecanismo relevante: recursos no ejercidos por la Sedena al cierre del ejercicio eran enviados al fideicomiso en lugar de ser reintegrados a la Tesorería.

El efecto es significativo desde el punto de vista presupuestario.

Esos recursos dejaban de permanecer como presupuesto federal sujeto al control de la Cámara de Diputados y pasaban al patrimonio del fideicomiso.

La propia ASF también detectó pagos millonarios sin respaldo documental contable completo y una posible simulación de competencia mediante invitaciones a proveedores en las que aparecieron empresas señaladas como fantasma o ajenas al ramo.

El expediente, por tanto, no sólo plantea una discusión sobre transparencia. También plantea interrogantes sobre contratación, ejercicio presupuestario y control legislativo del gasto.

La pregunta que Sedena no pudo responder

La investigación de Meganoticias buscó la documentación necesaria para reconstruir la ruta del dinero.

La respuesta de la Sedena es uno de los elementos centrales de este caso: después de una búsqueda que la propia dependencia calificó como exhaustiva y razonable, no encontró evidencia documental para explicar el destino de los recursos.

Tampoco localizó los estados de cuenta ni los movimientos de pago a proveedores.

Gerardo Álvarez advierte que la propia naturaleza de estos instrumentos dificulta el escrutinio externo.

"La naturaleza de este tipo de instrumentos financieros impide mucho el escrutinio externo", sostiene.

Ahí aparece la contradicción fundamental de esta investigación.

El fideicomiso existe, según las autoridades, para permitir que la Sedena planee adquisiciones que rebasan un ejercicio fiscal. Pero precisamente porque concentra recursos durante varios años, la trazabilidad de esos recursos se vuelve todavía más importante.

La defensa de Sedena y la respuesta de Sheinbaum

Cuestionado por Meganoticias, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, defendió la existencia del fideicomiso por la naturaleza plurianual de determinadas compras militares.

"La mayoría de nuestro material y equipo, aeronaves, requiere que se hagan esos procedimientos con tiempo, o sea, rebasan años, y tenemos que tener esos recursos en ese fideicomiso", explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una explicación similar.

Reconoció que durante el Gobierno de López Obrador fueron eliminados fideicomisos considerados opacos, pero sostuvo que este mecanismo tiene una finalidad distinta: permitir disponer de recursos para compras que abarcan varios ejercicios presupuestarios.

"El Presidente López Obrador decidió acabar con muchos fideicomisos que no eran transparentes y que eran guardaditos", dijo.

Después explicó que el fideicomiso militar permite reservar recursos para proyectos que se planean durante varios años.

La explicación resuelve la razón operativa de mantener el instrumento, pero no responde la pregunta documental planteada por esta investigación:

¿cómo se trazó y en qué se ejerció una bolsa que entre 2019 y 2025 manejó al menos 229 mil millones de pesos?

Y existe una segunda pregunta todavía más incómoda:

si los fideicomisos fueron eliminados por su opacidad, ¿por qué se mantuvo éste si la propia Sedena admite que no encontró documentación para trazar el destino de los recursos?

Sobre esa contradicción, la presidenta no se pronunció.

Una concentración de funciones que va más allá del dinero

El fideicomiso forma parte de una transformación más amplia: el crecimiento de las funciones civiles, económicas y estratégicas de las Fuerzas Armadas.

Expertos consultados para esta investigación advierten que la Sedena concentra responsabilidades que abarcan seguridad, infraestructura, aduanas, aeropuertos, trenes y otros proyectos estratégicos.

Víctor Hernández, analista y especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, considera que esta concentración representa una transformación profunda del modelo institucional mexicano.

Natalia Campos, del IMCO, matiza que la participación militar en actividades distintas a la seguridad nacional existe en otros países, pero subraya que lo que distingue al caso mexicano es la magnitud de esa participación.

El problema, por tanto, no puede reducirse a la existencia de un fideicomiso.

La cuestión de fondo es qué sucede cuando una institución acumula simultáneamente más funciones, más presupuesto y más instrumentos para administrar recursos, mientras los mecanismos externos para reconstruir el destino de ese dinero resultan insuficientes.

Transparencia: la promesa pendiente

El Gobierno de Sheinbaum ha anunciado un cambio de criterio en materia de información reservada: sólo debería mantenerse bajo reserva aquello que corresponda realmente a seguridad nacional o esté relacionado con un proceso judicial.

"Queremos que [...] no puedan resguardarse información a criterio de la autoridad", afirmó la presidenta.

Ese compromiso coloca al fideicomiso militar ante una prueba concreta.

Si la nueva política pretende limitar las reservas y ampliar la transparencia, la documentación sobre la entrada, salida y destino de los recursos de este mecanismo constituye uno de los casos más relevantes para comprobarlo.

"Sería importante ver cómo transparentar las dinámicas, la entrada y salida de dinero de este fideicomiso", plantea Campos.

No se trata sólo de conocer cuánto dinero había en una cuenta.

Se trata de poder reconstruir de dónde salió, cuándo entró, quién lo administró, a quién se pagó, para qué se utilizó y bajo qué reglas se tomó cada decisión.

El problema que permanece

El fideicomiso para administración y pago de equipo militar puede tener una justificación operativa: las compras militares pueden requerir planeación plurianual y comprometer recursos durante varios ejercicios.

Pero esa explicación no elimina la obligación de poder demostrar documentalmente qué ocurrió con el dinero público.

Entre 2019 y 2025 pasaron al menos 229 mil millones de pesos por este mecanismo.

Durante ese periodo, la ASF documentó problemas de transparencia, desviaciones respecto de la finalidad original, adjudicaciones directas, contratos incumplidos, absorción de subejercicios y pagos con respaldo documental incompleto.

Y cuando se solicitó reconstruir la ruta de los recursos, la propia Sedena informó que no encontró la documentación necesaria para hacerlo.

Ahí está el verdadero alcance de esta investigación.

No demuestra por sí sola que los 229 mil millones de pesos hayan sido desviados. El material disponible no permite sostener esa conclusión.

Demuestra algo distinto y, desde la perspectiva de la rendición de cuentas, esencial: existe una bolsa multimillonaria de recursos públicos cuya trazabilidad documental no pudo ser acreditada por la institución encargada de administrarla.

Mientras tanto, el fideicomiso continúa operando.

La pregunta que queda no es solamente cuánto dinero puede concentrar una institución pública.

Es qué controles deben existir cuando una institución administra una montaña de recursos públicos y, al momento de pedirle la ruta documental de ese dinero, no puede mostrarla completa.

Ese es el verdadero límite de la transparencia: no cuando el Gobierno promete abrir los archivos, sino cuando debe demostrar, peso por peso, dónde terminó el dinero.