Penal de San Miguel enfrenta nuevas denuncias por hacinamiento y extorsiones.

Penal de San Miguel: denuncian hacinamiento, extorsiones y presunto autogobierno

El penal de San Miguel, en Puebla capital, volvió a colocarse en el centro de la atención nacional tras las denuncias de Saskia Niño de Rivera, activista y fundadora de Reinserta, quien expuso presuntas condiciones inhumanas de internamiento, hacinamiento y prácticas de extorsión contra las personas privadas de la libertad.

A través de su cuenta de X, Niño de Rivera señaló que en la denominada zona W del reclusorio los internos permanecerían encerrados sin salir a recibir luz natural, también denunció a personas que presuntamente controlan espacios dentro del penal exigirían a las familias pagos de entre 30 mil y 100 mil pesos para evitar que sus parientes sean golpeados.

La activista sostuvo que el autogobierno es un problema histórico en San Miguel y cuestionó que, pese a antecedentes graves ocurridos dentro del centro penitenciario, las autoridades no hayan conseguido tomar el control efectivo de sus instalaciones.

Además, recordó el caso de Tadeo, el bebé cuyo cuerpo fue localizado en un contenedor de basura del penal en 2022, y aseguró que en Reinserta han atendido tres casos de presuntas violaciones contra niños en centros penitenciarios.

Ocho bloqueos por denuncias de extorsión

Las declaraciones llegan después de que el pasado 10 de noviembre familiares de personas privadas de la libertad bloquearan simultáneamente ocho puntos de Puebla capital y la zona metropolitana para exigir la intervención de las autoridades.

Los inconformes denunciaron cobros que irían de 20 mil hasta 300 mil pesos, con distintas periodicidades, a cambio de evitar agresiones o represalias contra sus familiares. También señalaron presuntos cobros por acceder a espacios dentro del penal y por recibir determinados servicios.

Entre sus exigencias estuvieron la destitución del director del reclusorio, Jorge Ortiz Delgadillo, y el traslado de internos a quienes identificaron como presuntos operadores de las extorsiones.

Las protestas no surgieron de la nada, pues los familiares previamente habían bloqueado el Camino al Batán para denunciar irregularidades, pero aseguraron que los cobros y las amenazas continuaron. El 10 de noviembre, las movilizaciones alcanzaron vialidades como el Periférico Ecológico, la autopista México-Puebla, la Vía Atlixcáyotl y el bulevar Héroes del 5 de Mayo. 

Gobierno anuncia revisión del penal

Después de las movilizaciones el gobernador Alejandro Armenta anunció una investigación sobre lo que ocurre en el centro penitenciario, con apoyo federal, además de analizar el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad, según la información proporcionada sobre sus declaraciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum también señaló que el Gabinete de Seguridad federal da seguimiento a la situación y que la intervención de fuerzas federales dependerá de la solicitud correspondiente del Gobierno de Puebla.

Por ahora, las denuncias de familiares y de la activista colocan nuevamente bajo escrutinio las condiciones de seguridad, vigilancia y respeto a los derechos humanos dentro de San Miguel. La pregunta ya no se limita a quién controla determinados espacios del penal, sino a qué están haciendo las autoridades para garantizar que las personas recluidas no sean víctimas de violencia y extorsión.