Pleito por Instituto Angelopolitano escala a golpes durante diligencias en escuela

Pleito legal por Instituto Angelopolitano escala a golpes y tensión durante diligencias

Un conflicto legal por el control del Instituto Angelopolitano, ubicado en la calle 11 Poniente, entre 5 y 7 Sur, escaló este lunes y martes 29 de septiembre a señalamientos de agresiones físicas, presencia de policías y tensión durante intentos de desalojo realizados mientras el plantel se encontraba en actividades escolares.

El enfrentamiento entre las partes se arrastra desde septiembre de 2025, pero durante los últimos días el conflicto llegó al interior de la institución, donde personal educativo y padres de familia denunciaron haber sido agredidos durante una diligencia. La contraparte, en tanto, sostiene que se trata de la ejecución de una orden judicial y acusa a sus oponentes de obstaculizar la aplicación de la ley.

De un conflicto legal a un enfrentamiento dentro de la escuela

La primera alerta llegó a través de nuestras redes sociales el lunes 28 de septiembre, cuando una persona relacionada con el plantel pidió apoyo ante lo que calificó como una situación de riesgo.

En el mensaje se acusó la presencia de una funcionaria pública acompañada de policías y personas armadas, además de señalar un posible conflicto de intereses por su presunta relación laboral con el magistrado Rufino H. León Tovar, estos señalamientos corresponden a la denuncia recibida y no constituyen por sí mismos una acreditación de tráfico de influencias o de alguna irregularidad cometida por la funcionaria señalada.

De acuerdo con Miriam Michelle Peláez, integrante de la directiva del Instituto Angelopolitano, durante la diligencia realizada el lunes hubo agresiones físicas contra integrantes del personal educativo y padres de familia.

La directiva sostuvo que la presencia de elementos policiales y otras personas generó preocupación porque los hechos ocurrieron mientras había estudiantes dentro de las instalaciones.

"Estas personas han querido ingresar a las instalaciones con armas de fuego, con policías, con personas de base táctica que contratan... hemos recibido golpes, amenazas, no nada más yo sino todo mi personal", afirmó Miriam Michelle Peláez.

La acusación deberá ser esclarecida por las autoridades correspondientes, particularmente en lo relacionado con la presencia de armas, la actuación de los elementos de seguridad y las presuntas agresiones denunciadas.

Las dos versiones chocan mientras continúa el conflicto

Entre quienes aseguran haber sido agredidos está Dulce Guadalupe, maestra del Instituto Angelopolitano, quien relató que se encontraba en la puerta del colegio realizando labores relacionadas con la seguridad y movilidad durante la salida de los alumnos cuando comenzó el enfrentamiento.

Según su testimonio, varias personas la golpearon y terminó en el suelo hasta que padres de familia intervinieron para ponerla a salvo.

"Empiezan a agredirme todos, lamentable fueron puros masculinos los que me agredieron... me agredieron, me tiraron al piso, me dieron de patadas hasta que los padres de familia lograron salvaguardarme", relató la docente.

La tensión no terminó ese lunes.

Este martes 29 de septiembre se registró un nuevo intento de desalojo en el plantel. Al lugar acudieron representantes de ambas partes, abogados y elementos de las policías municipal y estatal, lo que nuevamente elevó la tensión dentro y alrededor de la escuela.

Del otro lado del conflicto, María Elena Flores, quien se identificó como representante legal y socia del Instituto Angelopolitano, defendió la diligencia y aseguró que se trata del cumplimiento de una resolución emitida por un juez civil.

"Es un mandato de autoridad judicial ordenada por un juez de lo civil y la persona aquí continúa aferrándose a un cargo que ya no tiene", sostuvo.

Flores también acusó a la contraparte de entorpecer la aplicación de la resolución mediante publicaciones en redes sociales y señaló que, según su versión, no ha recibido cuentas relacionadas con pagos de servicios de la institución durante más de una década.

Así, mientras una parte denuncia golpes, amenazas y un supuesto uso indebido de influencias, la otra sostiene que únicamente se está ejecutando una orden judicial y acusa resistencia para impedir su cumplimiento.

Por ahora, el conflicto continúa en las instancias legales correspondientes. Sin embargo, el reclamo que une a trabajadores y padres de familia va más allá de quién tiene la razón jurídica: piden que cualquier diligencia se realice fuera del horario escolar, para evitar que los estudiantes queden en medio de un enfrentamiento entre adultos.

También solicitaron la intervención de las autoridades para revisar lo ocurrido y garantizar que las actuaciones relacionadas con el conflicto se desarrollen con imparcialidad y sin poner en riesgo a alumnos, docentes o padres de familia.

Mientras el pleito por el control y administración del Instituto Angelopolitano sigue en tribunales, el plantel enfrenta ahora una segunda preocupación: que una disputa legal que comenzó hace más de un año termine convirtiéndose en un problema de seguridad dentro de una escuela con menores de edad presentes.