Senado debate impuesto a refrescos: ¿salud o ganancias corporativas?

Organizaciones civiles, especialistas en salud pública y activistas se reunieron este martes frente al Senado de México para instar a los legisladores a no retroceder en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava las bebidas azucaradas y con edulcorantes.

La protesta se dio en el marco de la discusión de la ley sobre esta medida fiscal.

Durante la manifestación, los activistas instalaron una lata de refresco inflable de cinco metros de altura con la palabra "diabetes" en lugar de la marca comercial y un mensaje que advertía: "Los edulcorantes también hacen daño". Esta imagen buscó reflejar los riesgos asociados al consumo de estas bebidas.

Según las organizaciones convocantes, el consumo de refrescos está relacionado con más de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares al año, así como con 46 mil muertes atribuibles directamente a estas bebidas. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señaló que estos daños representan "una de las principales causas de enfermedad y muerte en el país".

Calvillo agregó que el impacto sanitario y económico de estas bebidas se refleja en un sistema de salud en crisis, incapaz de enfrentar los daños que generan, y en los bolsillos de la población, especialmente de las personas más vulnerables. "Los costos los pagamos todos los mexicanos", indicó.

Por su parte, Paulina Magaña, de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), pidió a los senadores mantener e incluso fortalecer el impuesto, subrayando que "las y los legisladores tienen en sus manos la responsabilidad de proteger la salud de la población mexicana mediante la aprobación del incremento a los impuestos saludables".

Doré Castillo, directora de Salud Crítica y coordinadora de la Coalición ContraPESO, cuestionó que la industria de refrescos haya logrado excluir a las bebidas con edulcorantes del mismo nivel de gravamen. Recordó que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes para controlar el peso y que estudios científicos han advertido sobre riesgos cardiometabólicos por su consumo frecuente.

Desde la perspectiva económica, Iván Benhumea, de la organización Fundar, calculó que la obesidad y el sobrepeso le cuestan a México unos 600 mil millones de pesos al año, equivalentes al 68% de todos los programas sociales prioritarios. Calvillo concluyó que el Senado enfrenta una decisión clara: "Proteger las ganancias de las corporaciones o proteger la salud de la población".

El pasado 17 de octubre, el Gobierno mexicano anunció un acuerdo con la industria de bebidas azucaradas que contempla reducir 30% el contenido de azúcar en los refrescos, limitar la publicidad dirigida a menores y diferenciar los precios entre bebidas azucaradas y sin calorías, a cambio de moderar el incremento al impuesto especial originalmente propuesto.

México es uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, según datos oficiales, situación que se vincula directamente con la alta prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2, principales causas de muerte en el país.