Alistan acciones legales contra centros de datos en Querétaro

El colectivo Voceras de la Madre Tierra solicitó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, una suspensión precautoria para detener nuevas autorizaciones e instalaciones de centros de datos en el estado, hasta que las autoridades transparenten su consumo de agua y energía, así como sus impactos ambientales. La petición se presentó en Querétaro, junto con un informe ciudadano que documenta solicitudes de información y respuestas de distintas dependencias sobre estos proyectos.

Las integrantes de la organización señalaron que la falta de información sobre el funcionamiento de estas instalaciones impide evaluar sus efectos acumulativos en los recursos hídricos, el territorio y la infraestructura eléctrica. Aclararon que su petición no busca impedir el desarrollo tecnológico, sino que las autoridades evalúen las condiciones ambientales antes de permitir nuevas instalaciones o ampliaciones.

Durante la presentación del informe, Teresa Roldán explicó que la solicitud busca detener temporalmente nuevos actos de autorización relacionados con estos proyectos. El colectivo también pidió que se conozca la situación de los centros de datos existentes, los que están en construcción y los que se encuentran en proceso de autorización.

Colectivo señala falta de información sobre agua y energía

Las integrantes expusieron que, de acuerdo con información presentada durante la glosa del quinto informe de gobierno, Querétaro concentra alrededor del 70% de la capacidad instalada de centros de datos del país. También mencionaron anuncios de nuevas inversiones que podrían incrementar esa proporción.

Uno de los proyectos señalados fue el denominado CloudHQ, para el que se difundió una inversión aproximada de 4 mil 800 millones de dólares, seis centros de datos, una superficie de 52 hectáreas y una capacidad de hasta 900 megawatts. Sin embargo, las integrantes del colectivo afirmaron que, tras consultar a distintas dependencias mediante plataformas de transparencia, no obtuvieron documentación suficiente para verificar algunos de los datos relacionados con el impacto ambiental y la generación de empleos.

Sobre este proyecto, indicaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió que no localizó un procedimiento federal de evaluación de impacto ambiental para el campus de Querétaro bajo las denominaciones y parámetros consultados. Esta respuesta, señalaron, forma parte de los elementos que consideran necesarios para solicitar una revisión de las autorizaciones.

El colectivo también cuestionó la falta de datos públicos sobre el volumen de agua que utilizan estas instalaciones. Según sus integrantes, las respuestas de las autoridades han sido parciales o han remitido las consultas a otras dependencias, lo que dificulta conocer las fuentes de abastecimiento y la demanda hídrica de cada proyecto.

Las activistas señalaron que la preocupación se relaciona con el déficit de agua documentado en distintos valles del estado, entre ellos los de San Juan del Río, Amazcala y Huimilpan. También advirtieron que el consumo de energía y los cambios de uso de suelo deben evaluarse en conjunto con las necesidades de las comunidades cercanas.

Solicitan inventario público y evaluación ambiental

Entre las medidas planteadas al gobierno estatal se encuentran crear una coordinación entre las dependencias responsables de agua, energía, medio ambiente, territorio e infraestructura; elaborar una evaluación acumulativa de los centros de datos, y publicar un inventario con las instalaciones existentes, autorizadas, en construcción y anunciadas.

También solicitaron transparentar las fuentes de abastecimiento de agua, determinar la capacidad eléctrica regional e identificar los instrumentos de evaluación ambiental aplicables a cada instalación. Otra de sus peticiones es garantizar la participación ciudadana desde las primeras etapas de los proyectos, conforme al Acuerdo de Escazú.

Las integrantes informaron que preparan un primer amparo relacionado con la falta de información y que presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos. Además, anunciaron que trabajan en una iniciativa ciudadana para regular la operación de los centros de datos, con la intención de presentarla ante el Congreso local en las siguientes semanas.

1er Informe Ciudadano de Centros de Datos

El informe también identifica comunidades cercanas a estas instalaciones, entre ellas Viborillas, La Esperanza y El Blanco. Las representantes señalaron que buscan documentar las condiciones de acceso al agua y los posibles efectos sobre las actividades agrícolas, aunque reconocieron que todavía existen vacíos de información para determinar el impacto específico de cada proyecto.