El gobierno federal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que encendió la chispa de los campesinos en al menos 20 estados, quienes salieron a reclamar que tampoco han incrementado el precio de garantía de productos como maíz, frijol, entre otros.
El gobierno señaló que su iniciativa tiene tres propósitos: garantizar el derecho humano al agua mediante una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno.
Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua y ordenar el régimen de concesiones.
Es precisamente en este punto en que los campesinos no están de acuerdo, porque la medida es sólo recaudatoria y castiga en exceso a los productores rurales.
La iniciativa no contempla el aprovechamiento del volumen de lluvias que puede almacenarse, pusieron como ejemplo el río Lerma cuyo caudal sólo es retenido en un 50 por ciento en las presas del sistema Cutzamala, pero el desfogue del resto podría usarse en actividades productivas.
En declaraciones a la prensa, Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para la Defensa del Campo, advirtió que la ley gubernamental tampoco contempla de manera adecuada el agua potable para comunidades rurales y ejidos ni la usada en la ganadería.
En cambio, alertó, las sanciones previstas para infractores alcanzan los cinco millones y medio de pesos, con lo que se vuelve punible y no impulsa el crecimiento del campo.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que en dos semanas se podría discutir en comisiones y en el pleno la Ley de Aguas Nacionales, pues continúan trabajando en el dictamen luego de las más de 400 audiencias públicas que realizó ese órgano legislativo.