Caso de menores cuestiona asesoría jurídica en la Sierra Gorda

El caso de los tres menores de edad localizados en una cueva de la comunidad de Agua Amarga, en Pinal de Amoles, Querétaro, abrió cuestionamientos sobre la actuación de abogados en procesos familiares y el acceso a asesoría jurídica en la Sierra Gorda. Los niños permanecieron varios días desaparecidos después de ser trasladados desde Jalpan de Serra, en un contexto en el que la custodia legal estaba a cargo de su abuela paterna.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Israel "N", madre de los menores, por su presunta responsabilidad en el delito de retención de personas menores de edad. De acuerdo con Braulio Guerra, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la mujer enfrenta el procedimiento en libertad y aún no se ha celebrado el juicio.

Además, una versión extraoficial señaló que dos abogados habrían sido detenidos en Jalpan de Serra por su presunta relación con la sustracción y desaparición de los niños, luego de que supuestamente aconsejaran a la madre huir con ellos. El magistrado indicó que los litigantes también están vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva.

Abogada señala presuntas malas prácticas en la Sierra Gorda

La abogada Mayra Dávila señaló que las presuntas irregularidades en la representación legal no serían un caso aislado en la región. De acuerdo con su testimonio, algunos litigantes priorizan el cobro de sus servicios sobre el bienestar de las personas que representan.

Como ejemplo, mencionó que algunos abogados ofrecerían tramitar amparos a sus clientes por cantidades que, en la zona serrana, pueden alcanzar entre 30 mil y 40 mil pesos.

"hacen eso para poderles vender eh un amparo. Un amparo acá en la zona serrana, no sé en Querétaro, pero en la zona serrana acá aproximadamente andan entre 30 a 40 mil pesos", declaró.

Dávila sostuvo que, en el caso de los tres menores, existía la posibilidad de que fueran escuchados en una audiencia familiar, pero aseguró que esta no se llevó a cabo.

También refirió otros casos de presuntas malas prácticas, entre ellos engaños sobre el avance de expedientes y cobros por trabajos jurídicos que, según afirmó, no se realizan. Por ello, pidió que las denuncias contra abogados sean investigadas y que, cuando corresponda, se apliquen sanciones e inhabilitaciones.

Saturación de juzgados dificulta el acceso a la justicia

La abogada atribuyó parte de las dificultades para dar seguimiento a los procedimientos familiares a la saturación de los juzgados, los retrasos en los procesos y los cambios frecuentes de fiscales. Explicó que un solo juzgado atiende asuntos de cuatro municipios, situación que, de acuerdo con su testimonio, complica la atención de los casos.

A estos problemas se suman fallas en la señal eléctrica y en el servicio de internet, que dificultan la presentación de documentos y el seguimiento de los expedientes.

Dávila también señaló que la distancia entre las comunidades serranas y las instituciones que ofrecen asesoría jurídica gratuita puede llevar a algunas personas a contratar servicios particulares sin contar con suficientes alternativas de orientación.

"desafortunadamente la gente de la sierra también está como muy lejos de las instituciones que representan gratuitamente que este que tienen asesorías y demás y por eso terminan pues en las garras de estos abogados", expresó.

Por su parte, Braulio Guerra precisó que la madre de los niños lleva el proceso en libertad, bajo una medida cautelar, mientras que los dos abogados mencionados se encuentran en prisión preventiva, según la información que dijo tener sobre el caso.

La investigación por la retención de los tres menores continúa. El caso involucra un procedimiento de custodia familiar, la localización de los niños en una comunidad de Pinal de Amoles y señalamientos sobre la representación legal de las personas involucradas.