Colectivos presentan amparo por omisión legislativa en materia de movilidad

Colectivos por la movilidad presentaron un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación para exigir al Congreso y al Ejecutivo del Estado de Querétaro la emisión de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, pendiente desde mayo de 2022.

La acción legal fue promovida el pasado lunes 14 de julio, luego de agotar las vías de diálogo público, mesas técnicas y compromisos institucionales que, de acuerdo con los promoventes, no se han cumplido desde que venció el plazo para armonizar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en mayo de ese año.

Desde hace tres años, la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso local, presidida por el diputado Enrique Correa Sada, ha reconocido la necesidad de emitir esta ley, sin que hasta el momento se haya dictaminado o aprobado alguna iniciativa en la materia.

Aunque en enero de 2025 el diputado Arturo Maximiliano García Pérez presentó una propuesta de ley, respaldada por organizaciones sociales, esta no ha sido dictaminada ni discutida en el Pleno. A la par, el Poder Ejecutivo estatal tampoco ha ejercido su facultad para presentar una nueva iniciativa, ni ha implementado medidas urgentes de seguridad vial.

Según datos presentados por los colectivos, en Querétaro mueren al menos dos personas por semana en hechos viales, la mayoría de ellas peatones, ciclistas o motociclistas. Tan solo en 2023 se registraron 129 fallecimientos por siniestros de tránsito, cifra superior incluso a la de homicidios dolosos en el estado.

A través del amparo, la ciudadanía exigió:

  

• Que se reconozca la omisión legislativa del Congreso del Estado. 
• Que se ordene la emisión de la ley estatal en un plazo razonable.
• Que se obligue al Ejecutivo a presentar una iniciativa propia si el Congreso no actúa.
• Que se implementen mecanismos institucionales como el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, observatorios ciudadanos y programas presupuestados.
• Que se declare la violación a derechos humanos, como el derecho a la movilidad segura, al medio ambiente sano, la salud, la vida, la integridad personal y la seguridad jurídica.

La iniciativa también apela a los compromisos internacionales firmados por México, como el Decenio de Acción por la Seguridad Vial de la OMS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 11 de la Agenda 2030, y el Acuerdo de Escazú.