Activistas por la movilidad informaron que los dos juicios de amparo presentados por omisión legislativa, relacionados con la falta de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial promulgada en mayo de 2022, fueron desestimados tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo.
En rueda de prensa, integrantes de diversos colectivos expusieron que ya recibieron respuesta por parte de ambas instancias respecto a los amparos interpuestos por omisión legislativa y administrativa.
El primer amparo fue promovido el 14 de julio por Juan Carlos Bravo, miembro de la Coalición QM21, y el segundo el 14 de agosto por la ciudadana Gabriela Cobos, víctima de atropellamiento en julio de 2023.
En respuesta, el Poder Ejecutivo señaló que no tiene facultades para legislar, función que corresponde al Congreso del Estado; sin embargo, la Ley General de Movilidad sí contempló adecuaciones a realizar por los gobiernos estatales.
Por su parte, el Congreso afirmó que ya había realizado la armonización de la Ley General mediante una serie de reformas publicadas en La Sombra de Arteaga el 21 de diciembre de 2022, derivadas de la creación de la Ley de la Agencia de Movilidad y Modalidades de Transporte Público para el Estado de Querétaro, a partir de la extinción del Instituto Queretano del Transporte (IQT).
No obstante, Juan Carlos Bravo recordó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) solicitó a todos los congresos estatales información sobre la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a lo que 11 congresos, incluido el de Querétaro, no emitieron respuesta alguna, lo que contradice la postura oficial.
A esto se suma la iniciativa presentada en agosto por el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Enrique Correa Sada, para armonizar la Ley General de Movilidad, pese a que días antes había sostenido que no era necesario.
"Posiblemente mencionen algo a la ciudadanía, que están trabajando, que están a favor de la movilidad y seguridad vial, pero ya cuando ellos tienen que entregar algún informe, buscan evitar hacer su trabajo", comentó Juan Carlos Bravo.
Cabe mencionar que en enero de este año también se propuso un nuevo marco normativo para homologar la legislación federal en Querétaro, mediante una iniciativa del diputado de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, trabajada en conjunto con colectivos ciudadanos.
Pese a las respuestas oficiales a los amparos, los dos representantes civiles anunciaron que presentarán pruebas para apelar dichas resoluciones, previo a las audiencias constitucionales programadas para el 1 y 8 de octubre, correspondientes al primer y segundo amparo, respectivamente.
"¿Cuántas muertes más tenemos que tener para que se tomen en serio este tema?", cuestionó Gabriela Cobos, quien previamente expuso que diariamente mueren 44 personas en México por siniestros viales.
En tanto, Gerardo Malagón, de Tertulias Ciudadanas, celebró que el diputado Enrique Correa Sada se haya apropiado del discurso de los colectivos para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; sin embargo, exhortó al legislador a que no se quede únicamente en palabras y trabaje en la materia.
"Sí se apropió de nuestro discurso, con mucho gusto, pero queremos que se aterrice en acciones. Es indignante que los ciudadanos tengamos que gastar dinero para que nuestras autoridades se pongan a trabajar", enfatizó Gerardo.
En tanto, la ciudadanía está dispuesta a trabajar en conjunto con las autoridades para generar una nueva ley en materia de movilidad que beneficie a la población y disminuya los siniestros de tránsito, comentó la activista Stefanía Biondi; no obstante, señaló que en caso de que se apruebe una ley contraria a los intereses de la ciudadanía, se recurrirá al referéndum.
"Queremos recordarle a los legisladores que ahora desde la ciudadanía tenemos más instrumentos, más herramientas con la nueva Ley de Participación Ciudadana", finalizó.