Crean comisión para consulta sobre expresidentes
Tras un debate, la bancada de Morena en el Senado creó una comisión que analizará la posibilidad de presentar una solicitud para realizar una consulta popular sobre el juicio por corrupción a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.
El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, dijo que este grupo se encargará de elaborar un documento técnico, unificado, "que soporte cualquier circunstancia".
La bancada de Morena en el Senado integró esta comisión especial en la que estarán los senadores Citlalli Hernández Mora, Ovidio Peralta Suárez, Lucía Trasviña Waldenrath, Salomón Jara Cruz, Cecilia Margarita Sánchez García y Antares Vázquez Alatorre.
La propuesta fue presentada por la propia senadora Hernández Mora, quien pidió el apoyo de sus compañeros para reunir 43 firmas para iniciar los trámites ante la Mesa Directiva del Senado.
Dijo que se trata de atender "una demanda histórica de los ciudadanos para abrir un juicio a los exmandatarios que han cometido delitos electorales o de lesa humanidad, así como actos corrupción o sobornos".
La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador recordó su propuesta de llevar a cabo una consulta para decidir si se lleva o no ante la justicia a estos exmandatarios. Su propuesta causó polémica debido a que no descartó impulsarla él mismo, aunque antes pidió que sea la propia ciudadanía la que pida que se lleve a cabo este ejercicio mediante la recolección de firmas o que sean los legisladores de una de las dos Cámaras quienes promuevan esta consulta.
Aunque López Obrador ha expresado su interés en que esto se lleve a cabo el mismo día de la elección de junio de 2021, la ley es clara al respecto e indica que la fecha es en agosto, siempre y cuando pase por el examen de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el procedimiento legal, la solicitud se tiene que presentar por escrito, con el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, que en caso del Senado sería de 43 legisladores, luego de que el presidente de la Cámara da cuenta de la petición, la ley dispone que se turne a la Comisión Gobernación y a las comisiones que correspondan. El dictamen tiene que ser aprobado por la mayoría de cada Cámara y si se logra el respaldo de la revisora, ésta lo envía a la Suprema Corte, quien deberá determinar si es constitucional o no.