La Comisión Nacional del Agua mantiene un decreto de veda total en Querétaro que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones debido a la severa sobreexplotación de sus reservas subterráneas.
El crecimiento industrial y el desarrollo inmobiliario en la zona metropolitana y el corredor hacia San Juan del Río han provocado que la extracción de agua duplique la velocidad de recarga natural. Esta situación ha consolidado un déficit hídrico crítico en los principales valles del territorio estatal.

Déficit severo en los acuíferos
Los datos de la Conagua confirman que todo el territorio queretano se encuentra bajo restricciones de extracción heredadas desde mediados del siglo pasado, por lo que la administración federal opera exclusivamente con los volúmenes que ya se encuentran previamente asignados.
El desglose del organismo federal detalla que el Valle de Querétaro registra el desbalance más grave, con un déficit anual de 65.5 millones de metros cúbicos.
Le sigue el Valle de San Juan del Río con un saldo negativo de 56.8 millones de metros cúbicos, y el Valle de Amazcala con una pérdida de 22.1 millones de metros cúbicos anuales. Asimismo, las regiones de Amealco y Cadereyta se reportan al límite de pasar a números negativos.
Gerardo Sinecio Ríos, director de Conagua en Querétaro, explicó que la aplicación estricta de la veda responde a criterios técnicos de estabilización del subsuelo.
"Prácticamente todo el estado está en veda. Básicamente se trabaja con el volumen que ya se tiene concesionado y esto responde a la necesidad de poder reducir los estresores de los acuíferos para que pueda haber mayor disponibilidad en el futuro", señaló el funcionario federal.
Impacto social y viabilidad de las reservas
La escasez del recurso ya genera problemáticas sociales en la superficie. Habitantes de la comunidad de La Versolilla, ubicada en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, recurrieron a bloqueos carreteros en mayo pasado para exigir el suministro básico del líquido.
A pesar de las demandas de la población, la postura de la Conagua es que la solución no radica en la perforación de nuevos pozos, sino en la evaluación de la existencia física del recurso hídrico, más allá de los derechos de explotación que amparen los documentos legales.
"Nosotros evidentemente le daremos el trámite de la viabilidad técnica de la disponibilidad del agua en el acuífero. Porque una cosa es lo que tenga el título inscrito como el derecho de extracción y otra cosa es la disponibilidad que de verdad haya", puntualizó Sinecio Ríos.
