La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó por unanimidad un convenio de colaboración con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) para recibir apoyo técnico y financiero en la revisión del paquete fiscal de los 18 municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2027. La aprobación ocurrió durante una sesión legislativa en la que participaron representantes de organismos estatales relacionados con las finanzas públicas y la gestión catastral.
La propuesta fue avalada por el presidente de la comisión, Gerardo Ángeles Herrera; el secretario, Ulises Gómez de la Rosa, y la integrante Adriana Elisa Meza Argaluza. El acuerdo contempla la elaboración de estudios y opiniones técnicas que servirán para analizar las iniciativas de leyes de ingresos municipales, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, así como la distribución de participaciones federales para el próximo año.

Convenio permitirá revisar leyes de ingresos y valores catastrales
Durante la sesión, el legislador explicó que el convenio establece mecanismos de colaboración entre la ESFE y el Congreso local para respaldar el análisis de los asuntos fiscales y la preparación de los dictámenes de la comisión.
"El objeto es la colaboración entre la Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro con la Comisión de Planeación y Presupuesto de este Congreso, para el estudio y emisión de opiniones técnicas de manera general, en materia de puntos de fiscalización", expresó Ángeles Herrera.
Entre los temas incluidos se encuentran las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios, las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, y la iniciativa que establecerá las bases, montos y plazos para distribuir las participaciones federales correspondientes a los ayuntamientos durante 2027.
El acuerdo también prevé el intercambio de información financiera de los entes públicos y la elaboración de análisis especializados para respaldar las decisiones legislativas. Según el diputado, este trabajo permitirá identificar posibles áreas de oportunidad en las leyes de ingresos y plantear observaciones técnicas a los municipios que soliciten asesoría.
Añadió que los ayuntamientos conservan la facultad de tomar sus propias decisiones, aunque pueden acercarse a la ESFE, al Instituto Registral y Catastral de Querétaro y a la Secretaría de Finanzas estatal para obtener respaldo técnico en la preparación de sus propuestas.

Buscan fortalecer la distribución de participaciones federales
En la sesión también participaron el titular de la ESFE, Francisco Javier Covarrubias Enríquez; la coordinadora general de Auditoría, Larisa Cruz Gutiérrez; la subsecretaria de Política Fiscal e Ingresos, Paulina de la Paz Samperio Pérez, en representación de la Secretaría de Finanzas estatal, y el director general del Instituto Registral y Catastral de Querétaro, Rogelio Alcocer Gómez.
Covarrubias Enríquez señaló que el convenio se formaliza cada año y permite mantener la colaboración con el Poder Legislativo mediante el intercambio de conocimientos y el trabajo coordinado en materia de finanzas públicas.
Por su parte, Alcocer Gómez destacó la posición nacional de Querétaro en materia registral y catastral, y relacionó este desempeño con los servicios de asignación de valor de los inmuebles que se realizan en la entidad.
Durante la reunión, el presidente de la comisión también informó sobre el envío de solicitudes de información a la ESFE, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo estatal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Los datos estadísticos y financieros solicitados servirán para preparar la iniciativa que establecerá las bases, montos y plazos de distribución de las participaciones federales entre los municipios para 2027, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal Estatal y Municipal del Estado de Querétaro.
El análisis de estos elementos forma parte de los trabajos previos a la revisión de las propuestas fiscales municipales, que incluyen tanto los ingresos previstos por cada ayuntamiento como los valores utilizados para determinar contribuciones relacionadas con los inmuebles.