Exigen transparentar concesión carretera de 9 mil 573 millones de pesos

Colectivos ciudadanos, ambientalistas y habitantes de comunidades afectadas exigieron transparencia sobre el Libramiento Metropolitano de Querétaro (LMQ), luego de que el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo estatal aprobara, el 4 de agosto de 2026, reservar la totalidad del expediente de su concesión. Los grupos cuestionan la decisión debido a que el proyecto carretero de 95.5 kilómetros no cuenta con autorización ambiental y tiene una inversión estimada que pasó de 5 mil 500 millones a 9 mil 573 millones de pesos, según la información citada en su pronunciamiento.

La reserva quedó establecida mediante el Acuerdo 13/2026, que clasificó el expediente del Título de Concesión 01/2025. De acuerdo con el documento, las autoridades argumentaron que divulgar la información podría ocasionar especulación comercial sobre los predios y afectar la estabilidad económica y financiera del estado.

Los colectivos consideran que la medida impide conocer las condiciones de la concesión, los terrenos involucrados y los posibles impactos ambientales y sociales de la obra. Por ello, anunciaron solicitudes formales de información ante autoridades estatales y acciones para actualizar los datos públicos del proyecto.

Libramiento Metropolitano: concesión y situación ambiental

El 5 de septiembre de 2024, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro (SDUOP) publicó la Licitación Pública Estatal 001-LP-EST-24-COM para concesionar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la carretera. El calendario establecía el 30 de septiembre de ese año como fecha para emitir el fallo.

Posteriormente, el 27 de enero de 2025, el Comité de Concesiones del Poder Ejecutivo estatal suscribió el Título de Concesión 01/2025, integrado por el documento principal y 25 anexos. Entre ellos se encuentran el proyecto ejecutivo, el modelo financiero, las bases de regulación tarifaria y el anexo relativo a la liberación del derecho de vía.

Sin embargo, el 29 de julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debido a deficiencias y omisiones en el estudio presentado. El pronunciamiento ciudadano señala que, por esta razón, el proyecto no cuenta con autorización ambiental.

Los grupos también advierten sobre posibles afectaciones a 20 cuerpos de agua, cinco acuíferos y 298.93 hectáreas de vegetación forestal. Entre los aspectos que solicitan conocer están los estudios ambientales, las medidas de mitigación, el trazo definitivo y las comunidades y ejidos que podrían resultar afectados.

Qué información solicitan hacer pública

La reserva impide consultar el expediente completo de la concesión, incluidos documentos relacionados con las condiciones financieras, técnicas y administrativas de la obra. Según los colectivos, tampoco es posible conocer con precisión las tarifas previstas, los estudios de impacto socioambiental ni las minutas de reuniones de socialización y consulta con las comunidades.

Otro de los cuestionamientos se refiere al plazo de la clasificación. El Acuerdo 13/2026 establece una reserva de un año o hasta que el proceso de liberación del derecho de vía quede firme. Los grupos señalan que esta segunda condición no tiene una fecha definida de cumplimiento, por lo que consideran que la restricción podría prolongarse de manera indeterminada.

En su pronunciamiento, sostuvieron: "No se trata de que la información no exista: se trata de que se decidió no compartirla con la ciudadanía".

Los firmantes también argumentan que el acceso a los documentos es necesario para evaluar las consecuencias de la carretera sobre el agua, la biodiversidad y los territorios ejidales. En ese sentido, invocan el derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana en asuntos ambientales y las disposiciones legales relacionadas con la protección de los ecosistemas.

Entre sus peticiones a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) se encuentran ordenar la entrega de una versión pública del expediente, revisar la clasificación de cada documento y establecer un plazo de reserva determinado y verificable.

A la SDUOP le solicitan publicar el título de concesión y sus anexos, informar sobre el avance de la liberación del derecho de vía e identificar los predios involucrados. También plantean actualizar la ficha del proyecto en Proyectos México, plataforma federal que, según el pronunciamiento, reporta que no cuenta con información vigente porque la dependencia estatal no ha enviado actualizaciones desde abril de 2025.

Como parte de las acciones anunciadas, los colectivos presentarán una solicitud para actualizar esa ficha y otra de acceso a la información pública ante la dependencia estatal. Entre los documentos requeridos están el fallo completo de la licitación, el título de concesión, el número de licitantes acreditados y el modelo financiero.

El pronunciamiento está suscrito por organizaciones y colectivos como Karem en Bici, Netas Ciudadanas, Observatorio Queretano de Movilidad, Ciclismo Urbano Querétaro, Tequis Verde, Aves y Territorio, Bajo Tierra Museo del Agua y Saca la Bici, entre otros.