Hasta 800 títulos profesionales del Instituto Sanjuanense podrían ser inválidos

Hasta 800 títulos profesionales emitidos por el Instituto Superior de Estudios Sanjuanenses (ISES) podrían carecer de validez legal, debido a que fueron firmados por autoridades sin legitimidad jurídica, según documentó Tribuna de Querétaro con base en las declaraciones de Sergio Romero Serrano, socio fundador destituido en 2013 y recientemente reconocido por los tribunales como integrante legal de la institución.

De acuerdo con lo expuesto por Romero a Tribuna de Querétaro, su expulsión ocurrió en mayo de 2013 durante una asamblea en la que -asegura-no se le notificaron motivos, pruebas ni irregularidades que justificaran su salida. En 2015 inició un litigio para anular dicha acta, el cual avanzó por todas las instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2023, el máximo tribunal del país ratificó la sentencia que ordenó restituirle de manera inmediata todos sus derechos como socio fundador.

Según el expediente 721/2015 del Juzgado Civil Número Uno, todas las asambleas, acuerdos y nombramientos realizados sin su participación deben considerarse nulos. Aun así, apuntó Romero en entrevista con Tribuna de Querétaro, el ISES "continúa expidiendo documentos oficiales" pese a conocer las implicaciones jurídicas. Esto incluye títulos, certificados y trámites administrativos, los cuales, al provenir de autoridades sin legitimidad, "adolecen de nulidad", indicó.

El cálculo del socio fundador estima entre 700 y 800 títulos potencialmente afectados, correspondientes a licenciaturas en derecho, contabilidad, administración, pedagogía y criminología. En sus declaraciones a Tribuna de Querétaro, lamentó que la autoridad educativa haya sido "omisa" ante el caso, aun cuando -afirmó- ya fue formalmente notificada. Esta falta de intervención, dijo, profundiza la desconfianza en la educación superior privada en el estado.

Romero también señaló que, además del conflicto jurídico, el ISES enfrenta antecedentes adicionales: su inmueble fue objeto de una carpeta de investigación luego de que autoridades detectaron una toma clandestina de combustible dentro de las instalaciones. Según explicó a este medio, el lugar debió ser asegurado y revisado por Protección Civil y Pemex.

A ello se suma -relató- un intento reciente del instituto por aparentar cumplimiento de la sentencia, mediante una asamblea "en ausencia" para restituirlo sin su presencia física, la cual ya fue impugnada. Dijo que seguirá solicitando al juez la declaración de desacato y que se dé vista a la fiscalía por posibles delitos como fraude y uso de documentos falsos.