Iniciativa plantea recursos y atención urgente para periodistas y activistas

Una iniciativa para crear la Ley de Protección Integral de Periodistas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Defensoras de los Animales en Querétaro fue presentada ante el Congreso del Estado. La propuesta plantea establecer mecanismos estatales de atención y seguridad para quienes enfrenten amenazas o agresiones por ejercer actividades informativas o de defensa de derechos.

La diputada Claudia Díaz Gayou, acompañada por la legisladora Rosalba Vázquez y representantes de organizaciones de periodistas, explicó que el proyecto busca ampliar la cobertura de protección y establecer procedimientos para atender solicitudes de manera gratuita, sin exigir credenciales profesionales, afiliaciones o denuncias previas.

La iniciativa contempla a periodistas que trabajan en medios tradicionales, comunitarios, digitales o de manera independiente, así como a quienes realizan actividades informativas remuneradas o sin pago, de forma permanente o esporádica.

Durante la presentación, Díaz Gayou señaló que la legislación también busca proteger a personas que difunden información mediante plataformas digitales, siempre que enfrenten riesgos relacionados con su actividad.

Plantean respuesta urgente y medidas de seguridad

Entre los mecanismos propuestos se encuentra la emisión de medidas urgentes en un plazo máximo de tres horas a partir de la recepción de la solicitud, así como el inicio de su ejecución antes de nueve horas.

El proyecto establece que los plazos se contabilicen en horas naturales y que la atención incluya una evaluación del nivel de riesgo para determinar las medidas correspondientes.

Las acciones podrían contemplar casas de seguridad, escoltas, vehículos blindados, transporte y reubicación. También se considera asistencia médica, psicológica, jurídica y de seguridad digital, de acuerdo con las necesidades de cada caso.

Otro de los planteamientos consiste en proteger el entorno de las personas solicitantes, mediante medidas dirigidas a sus oficinas, equipamiento, traslados y espacios de trabajo. Además, se propone garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

Para financiar estos mecanismos, la propuesta contempla destinar el cinco por ciento de la base anual del presupuesto estatal de comunicación social y publicidad. También plantea que los municipios cuenten con una bolsa equivalente para atender solicitudes dentro de sus demarcaciones.

El manejo de los recursos estaría a cargo de un fideicomiso y un comité tripartito integrado por nueve representantes honoríficos: tres del gobierno estatal, tres de los municipios y tres de los sectores contemplados en la legislación.

Incluirían a colectivos de defensa animal y ambiental

La iniciativa también incorpora a personas y organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y los animales, sin exigirles nombramientos o acreditaciones para acceder a los mecanismos de protección.

En el caso de la defensa animal, contempla a rescatistas, asociaciones, colectivos, personal de albergues, profesionistas y voluntarios que realicen actividades de denuncia, educación, cuidado y rescate.

También considera situaciones de riesgo derivadas de amenazas, ataques contra instalaciones o agresiones a animales utilizados para intimidar a quienes denuncian maltrato. Entre las medidas se plantea el traslado de animales bajo resguardo cuando sea necesario para proteger a sus cuidadores.

Heidi Wagner, presidenta de la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan del Río, participó en la elaboración de la propuesta mediante mesas de trabajo y señaló que la legislación local es necesaria para atender los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo.

«No esperemos a que suceda algo grave en Querétaro para entonces decir, "Ah, hace falta una ley que nos proteja". Antes de que suceda eso, debemos de prevenir», expresó.

La representante de periodistas también señaló que las personas que trabajan de manera independiente enfrentan dificultades para acceder a protección y que las mujeres periodistas enfrentan riesgos adicionales durante el ejercicio de su profesión.

Iniciativa requiere 13 votos para su aprobación

Respecto al proceso legislativo, Díaz Gayou explicó que la propuesta será ingresada para su turno a comisiones. De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece un plazo de siete días para realizar ese procedimiento.

La legisladora consideró que el proyecto podría ser analizado en la Comisión de Derechos Humanos e indicó que, al tratarse de una ley de nueva creación y no de una reforma constitucional, requeriría 13 votos para su aprobación en el pleno.

Rosalba Vázquez, presidenta de dicha comisión, manifestó su disposición para impulsar el análisis de la iniciativa y señaló que buscarán acompañar su discusión junto con los sectores involucrados.

La propuesta deberá pasar por el análisis en comisiones, la elaboración y aprobación de un dictamen y, posteriormente, su discusión y votación ante los 25 integrantes de la Legislatura.