Laboratorio ciudadano documenta desigualdades y violencias fuera de la seguridad pública
Querétaro
Fecha: 26-10-2026
Las muertes viales, la discriminación, la desigualdad territorial y la atención institucional insuficiente son algunas de las problemáticas identificadas en el Laboratorio sobre las Otras Violencias en el Estado de Querétaro, impulsado por CÍVICA, la Confederación Queretana de Organizaciones de la Sociedad Civil. El informe reúne 18 aportaciones ciudadanas y los resultados de tres mesas de trabajo realizadas el 22 de noviembre de 2025 para documentar formas de violencia que no siempre aparecen en las estadísticas tradicionales de seguridad pública.
El documento analiza situaciones relacionadas con el entorno urbano, las condiciones de acceso a servicios y la discriminación por características físicas, además de los riesgos presentes en espacios digitales. También plantea recomendaciones para que las autoridades incorporen estas problemáticas en el diseño de políticas públicas.
Durante la presentación de los resultados, Stefanía Biondi, integrante de CÍVICA, señaló el cambio registrado por Querétaro en el Índice de Paz México.
"Querétaro pasó en el Índice de Paz México de ser el segundo estado con mejor calificación a ser el número 16", declaró.
Entorno urbano y desigualdad territorial, entre las problemáticas identificadas
La primera mesa de trabajo abordó las violencias relacionadas con el entorno urbano. Entre los hallazgos se encuentran los riesgos que enfrentan peatones y ciclistas, las deficiencias del transporte público y la atención que reciben las personas después de sufrir siniestros viales.
El análisis también señaló condiciones urbanas que favorecen el uso del automóvil, así como problemas relacionados con el abandono de espacios comunes y la falta de infraestructura para una movilidad segura.
La segunda mesa examinó las violencias territoriales, estructurales y sistémicas. En este apartado se identificaron desigualdades en el acceso a servicios, falta de áreas verdes, abandono de comunidades y afectaciones a personas en situación de calle.
La tercera mesa se concentró en las violencias estética, racial y digital. El informe documentó problemáticas vinculadas con la discriminación por tono de piel, vestimenta y características físicas, además de las presiones sociales relacionadas con la apariencia corporal y los riesgos en entornos digitales.
Rodolfo Loyola, autor del prólogo del documento, señaló que estas situaciones deben analizarse más allá de los hechos delictivos.
"El laboratorio a través de este trabajo nos interpela a comprender que las violencias que atraviesan nuestras calles, escuelas y hogares, no son hechos aislados ni exclusivos de la seguridad pública", expresó.
Proponen observatorios ciudadanos y atención institucional coordinada
Entre las recomendaciones del laboratorio se encuentra la creación de un modelo de gobernanza que permita prevenir y atender estas formas de violencia, reconocerlas en el ámbito institucional e incorporar la participación ciudadana en las decisiones públicas.
Para atender los problemas de movilidad, el documento propone mejorar banquetas y ciclovías, fortalecer los espacios comunitarios de cuidado y crear una fiscalía especializada en delitos viales. También plantea capacitar a servidores públicos en derechos humanos y perspectiva de género.
En materia de violencia estética y digital, las propuestas incluyen promover una educación crítica sobre los estereotipos de belleza, supervisar los procedimientos estéticos, impulsar la alfabetización digital y mejorar los mecanismos de atención y acompañamiento a víctimas.
El informe también recomienda crear observatorios ciudadanos que permitan dar seguimiento a estas problemáticas y a las acciones emprendidas para atenderlas.
Claudia Romero, de Bajo Tierra Museo del Agua, señaló que uno de los resultados del ejercicio fue identificar las limitaciones de las respuestas institucionales.
"También otra gran posibilidad que nos dio el laboratorio fue mostrar que la respuesta institucional todavía es insuficiente y fragmentada", declaró.
El documento precisa que las recomendaciones son una orientación para desarrollar acciones públicas. Su implementación requiere diagnósticos, coordinación entre instituciones, asignación de presupuesto y mecanismos de seguimiento.
