Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones del gobierno federal fue modificada a solicitud de colectivos ciudadanos, en especial de radios comunitarias, indígenas y afrodescendientes
Sheinbaum señaló que una de las modificaciones contempla permitir un porcentaje de comercialización de sus contenidos a través de comercios locales, con el objetivo de fortalecer su sostenibilidad.
Asimismo, explicó que se plantea que las concesiones ya no sean otorgadas exclusivamente por funcionarios públicos, sino a través de un organismo dentro de la Agencia de Transformación Digital, en el cual participen ciudadanos, para garantizar mayor pluralidad en la toma de decisiones.
La mandataria definió la esencia de la iniciativa como "el apoyo a redes comunitarias y el derecho de las audiencias", destacando el compromiso del gobierno con la inclusión digital y la democratización de los medios.
La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, discutida en el Senado mexicano el pasado mayo, generó fuerte controversia por contener disposiciones que podrían vulnerar la libertad de expresión en el entorno digital
Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 109, que otorgaba facultades al gobierno para bloquear temporalmente plataformas digitales que incurrieran en incumplimientos fiscales.
Esta medida fue señalada por especialistas y defensores de derechos digitales como un posible mecanismo de censura.
Sin embargo, la polémica no se limitó a ese artículo. El artículo 161 también encendió las alertas, al facultar a las autoridades para fabricar, adquirir, vender, portar y operar equipos de bloqueo de señal de telefonía, radiocomunicación o transmisión de datos.
Estos equipos, conocidos como inhibidores de señal, son ilegales en México, y su uso está estrictamente limitado a instituciones de seguridad pública y centros penitenciarios federales, previa autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Ante la presión pública y las críticas de organizaciones nacionales e internacionales, el pasado 14 de mayo, el gobierno de México anunció la eliminación del artículo 109 de la iniciativa.
La decisión buscó calmar los señalamientos por posibles afectaciones a la libertad de expresión y garantizar que las medidas fiscales no se conviertan en herramientas de censura digital.