La Coalición Movilidad Segura Querétaro presentó una petición ciudadana al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) para solicitar su intervención ante el retraso en la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado. El documento señala al diputado local Enrique Correa Sada por presuntas acciones dilatorias durante el proceso legislativo y solicita que el dictamen avance hacia su votación.
La petición se presentó después de que el 19 de octubre se suspendiera la votación del dictamen durante una sesión de Comisiones Unidas. Según la coalición, el legislador presentó 266 observaciones sobre aspectos de sintaxis, puntuación y estilo de redacción, lo que impidió avanzar con la discusión.
"Al verse desprovisto de argumentos jurídicos de fondo o de señalamientos de inconstitucionalidad, el diputado presentó en la mesa de discusión 266 observaciones generadas de manera automatizada mediante herramientas de inteligencia artificial", expuso Claudio Sarmiento de QM21.
Las organizaciones solicitaron a la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Martín Arango, que exhorte al legislador a dejar de aplazar el proceso y que se mantenga el 30 de octubre como fecha para discutir y votar el dictamen.

Colectivos señalan retraso legislativo desde 2022
La coalición, integrada por 12 organizaciones, indicó que desde la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en mayo de 2022, ha mantenido reuniones y presentado propuestas para armonizar la legislación estatal con el marco federal.
De acuerdo con el documento, el proceso se ha retrasado durante más de cuatro años, periodo en el que Enrique Correa Sada ha presidido la Comisión de Movilidad y Tránsito. Las organizaciones sostienen que la falta de dictaminación de las iniciativas obligó a recurrir a Comisiones Unidas para intentar avanzar con el expediente.
"Desde la aprobación y publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en mayo del 2022, [...] los colectivos de la sociedad civil en Querétaro hemos mantenido un canal constante de diálogo, propuesta y trabajo técnico con las instancias correspondientes", señaló Juan Carlos Bravo, integrante de Saca la bici.
El grupo también indicó que el proyecto de ley fue resultado de mesas de trabajo en las que participaron dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Gobierno, Finanzas, Seguridad Ciudadana, Salud y Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro y representantes de gobiernos municipales.
Además, recordó que durante un diálogo con el gobernador Mauricio Kuri González se alcanzaron 22 acuerdos relacionados con la movilidad. Según su postura, el trabajo técnico debe considerarse para avanzar en la aprobación de la legislación.

Piden intervención del PAN y revisión de observaciones
Entre las solicitudes dirigidas a la dirigencia panista se encuentra exhortar al diputado a permitir que el dictamen avance hacia su votación y considerar los acuerdos técnicos previos. La coalición también advirtió que hará públicos sus señalamientos sobre quienes considere responsables de frenar la legislación durante los próximos procesos electorales.
"La seguridad vial no es materia de negociación de partido, es un derecho humano y una urgencia social con la vida de las familias", señaló Stefanía Biondi, integrante de cívica.
Las organizaciones señalaron que el retraso legislativo tiene implicaciones para la seguridad vial, debido a que la ley contempla disposiciones relacionadas con infraestructura, límites de velocidad y auditorías viales. En su exposición, reportaron alrededor de 8 mil 869 siniestros viales al año en zonas urbanas de Querétaro, más de 350 personas fallecidas anualmente y más de mil 100 con lesiones graves o discapacidad permanente.
Los representantes también anunciaron que solicitarán la intervención del órgano interno de control de la Legislatura local para revisar observaciones técnicas que, según indicaron, aparecen en otros documentos aprobados por el Congreso.
Como ejemplos, mencionaron alrededor de 10 observaciones en una iniciativa relacionada con la validación de boletos de estacionamiento en plazas comerciales, siete en un decreto sobre las carmelitas de Santa Rosa Jáuregui y 15 en la legislación estatal sobre la Agencia de Movilidad y las modalidades de transporte público, aprobada en 2022.
La coalición está integrada por organizaciones como Pedaleanda, el Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cívica y Saca la Bici. Sus representantes señalaron que también impulsarán cambios en los mecanismos de participación ciudadana para incorporar la figura de parlamento abierto en los procesos legislativos.