La diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la LX Legislatura local, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Ambiental del Estado de Querétaro. El proyecto legislativo busca normar el uso de pirotecnia en la entidad con el propósito de reducir los riesgos a la salud pública, la afectación a sectores vulnerables y los daños al medio ambiente durante los festejos locales.
Impactos en la salud y la seguridad pública
La propuesta plantea una estrategia para disminuir las emisiones químicas derivadas del manejo de pólvora blanca, la cual libera partículas PM 2.5 y compuestos corrosivos que afectan el sistema respiratorio de la población. Asimismo, la medida procura la protección de personas con trastorno del espectro autista e hipersensibilidad auditiva, además de mitigar el estrés que las detonaciones provocan en la fauna silvestre y en animales de compañía.
En materia de Protección Civil, la legisladora fundamentó la iniciativa con antecedentes de accidentes en la entidad, entre los que destacan la explosión registrada en Landa de Matamoros en mayo pasado y el siniestro de 2018 en Fuentezuelas, Tequisquiapan, el cual dejó un saldo de ocho personas fallecidas. La iniciativa incluye un llamado a la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer la fiscalización en la expedición de permisos, con el fin de evitar el almacenamiento clandestino y la venta ilegal de artefactos explosivos.

Transición gradual hacia tecnologías sustentables
El proyecto plantea facultar a las administraciones municipales para incentivar espectáculos alternativos mediante tecnología de luces, proyecciones de video mapping, uso de drones y pirotecnia de bajo impacto sonoro. De igual forma, la reforma al Código Ambiental proyecta prohibir la quema de artificios pirotécnicos durante periodos de contingencia ambiental en la zona metropolitana.
Para no perjudicar el ingreso de las familias dedicadas a la fabricación artesanal de estos productos, la propuesta establece un periodo de adaptación de 365 días. Durante dicho lapso, las autoridades locales acompañarán la reconversión del sector hacia insumos de bajo impacto y pirotecnia fría. La iniciativa también busca la homologación con la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para estructurar protocolos de prevención en eventos masivos.
