Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda protestaron este miércoles con una clausura simbólica del Congreso de la Unión para exigir la cancelación de la llamada "Ley Espía", un paquete de reformas que, según denuncian, no contribuirá a la localización de sus seres queridos y, en cambio, pondrá en riesgo su seguridad y su labor como buscadores.
La ley fue aprobada el 26 de junio y contempla cambios a legislaciones de seguridad y telecomunicaciones. Entre sus medidas, permite el acceso sin orden judicial a bases de datos sensibles, impone una CURP biométrica obligatoria e incrementa la vigilancia del Estado a través de la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Los manifestantes sostienen que estas disposiciones representan un intento de control masivo sobre la población.
"Clausurado por su falta de compromiso con los familiares de las personas desaparecidas", se leía en una pancarta colocada a la entrada de la Cámara de Diputados. En el piso, mensajes como "Espiar no es buscar" y "Sin las familias no" reflejaron el sentir de decenas de colectivos que ven en esta ley una amenaza más que una solución.
Jorge Verástegui, integrante del colectivo Glorieta de los Desaparecidos, cuestionó que la ley no fortalezca a la Comisión Nacional de Búsqueda ni al Sistema Nacional de Búsqueda, instituciones clave en la localización de personas. Señaló además que el nuevo sistema de vigilancia puede ser utilizado para rastrear a cualquier ciudadano sin control judicial, abriendo la puerta a posibles abusos y filtraciones.
"Quieren justificar esta vigilancia diciendo que ayudará a encontrar a los desaparecidos, pero no es así. Cuando alguien desaparece, no se pone a hacer trámites. Lo que se necesita son acciones reales de búsqueda", afirmó Verástegui, quien busca desde 2009 a su hermano y a su sobrino desaparecidos en Coahuila.
María Salvadora Coronado, otra manifestante que busca a su esposo desaparecido en Veracruz desde 2011, advirtió que la reforma también pone en riesgo la vida de quienes buscan a sus familiares. "Hay muchas madres buscadoras asesinadas, y con esta ley sabrán dónde estamos, qué hacemos, dónde compramos. Nos exponen aún más", señaló.
Ambos activistas también reprocharon al Gobierno federal por afirmar que se construyó esta reforma en diálogo con los colectivos de búsqueda. "No nos llamaron ni tomaron en cuenta. Es una simulación", denunció Coronado.
México registra más de 129 mil personas desaparecidas desde la década de 1950, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Las familias de víctimas insisten en que no quieren más vigilancia, sino más apoyo institucional real para encontrar a sus seres queridos.?